La intervención estatal a Air-e prometía estabilizar el servicio eléctrico en la región Caribe. Dos años después, los datos cuentan otra historia: la deuda de la compañía pasó de $530.000 millones a $2,55 billones, un aumento cercano al 300 %. En ese mismo lapso, la empresa ha tenido cinco agentes interventores. No es una anomalía contable: es el síntoma de un modelo que no corrige los problemas estructurales y que ahora pretende trasladar sus costos al resto del sistema.
En enero de 2026, el Gobierno expidió el decreto de Emergencia Económica (suspendido esta semana por la Corte) para crear nuevos tributos a las generadoras y cubrir los pasivos de Air-e. El instrumento es excepcional por definición; aquí se volvió rutina. El resultado es un precedente riesgoso: usar la emergencia para tapar déficits de gestión sin demostrar hechos sobrevinientes e imprevisibles, el estándar constitucional mínimo. La urgencia no puede sustituir la evidencia.
El cobro adicional —como el recargo de $8 por kWh— no reduce pérdidas técnicas ni comerciales, no mejora recaudo ni ataca la morosidad crónica. Traslada el problema aguas arriba, encarece la cadena y presiona tarifas. Expertos coinciden: no estabiliza el sistema y erosiona la confianza inversionista en un sector intensivo en capital que depende de reglas claras y previsibles.
Cinco interventores, cero continuidad
La rotación de interventores en menos de dos años revela ausencia de rumbo. Sin una hoja de ruta consistente, cada administración reinicia diagnósticos, posterga decisiones difíciles y acumula costos. La deuda crece; la gobernanza se debilita. Intervenir no es reemplazar accionistas por burócratas: es gestionar con objetivos, métricas y plazos verificables.
Air-e atiende cerca del 11,4 % de la demanda nacional. Cuando su desequilibrio se financia con tributos extraordinarios, el impacto no es local: se filtra al mercado mayorista, a las tarifas finales y al apetito de inversión en generación y transmisión. La señal es inequívoca: el riesgo regulatorio sube y el capital se encarece.
Tres salidas, todas costosas
Sobre la mesa hay tres escenarios:
• Seguir operando con parches fiscales: prolonga el problema.
• Inyectar recursos públicos: socializa pérdidas sin garantías de corrección.
• Liquidar: puede agravar la crisis del sector si no hay transición ordenada.
Exministros coinciden en algo incómodo pero cierto: no existe salida barata. La pregunta es quién paga y bajo qué reglas.
No hay solución sin atacar el núcleo del problema: pérdidas, recaudo, estructura tarifaria, gobernanza y contratos. Sin metas públicas de reducción de pérdidas, cronogramas de recaudo, y un esquema de incentivos que premie eficiencia —con auditoría independiente—, cualquier emergencia será apenas una coartada temporal.
La crisis de Air-e no es un rayo caído del cielo; es la consecuencia de decisiones postergadas. Usar la emergencia para redistribuir costos puede ganar tiempo político, pero pierde tiempo institucional. El país necesita menos atajos y más gestión. Porque cuando la excepción se vuelve norma, la factura —siempre— la termina pagando el sistema y los usuarios.