EDITORIAL
Las cifras de la Defensoría son elocuentes, en 2024, 409 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, representando un incremento del 19% frente a 2023.
El reconocimiento del presidente Gustavo Petro de que en distintos bombardeos de este año han muerto menores de edad abrió un nuevo frente de crisis para su Gobierno.
La admisión, más allá de su intención de justificar las operaciones contra las disidencias de Iván Mordisco, implica aceptar que, pese a su discurso histórico y su promesa explícita de evitar estas acciones, Colombia sigue repitiendo el patrón más doloroso del conflicto: niños atrapados y asesinados en medio de la guerra.
Las implicaciones políticas, jurídicas y éticas de esta declaración son profundas. Especialmente porque ocurre en un contexto donde el presidente es confrontado por su propio pasado. Petro fue, durante más de una década, una de las voces más duras contra los bombardeos en los que murieron menores. Lo denunció como crimen de guerra, exigió renuncias de ministros y responsabilizó a los gobiernos de turno por lo que consideraba una violación flagrante del derecho internacional humanitario (DIH).
Hoy, desde el poder y presionado por los resultados en seguridad, adopta una posición contraria: defiende las operaciones aéreas y afirma que suspenderlas incentivaría a los grupos ilegales a usar más niños como escudos humanos.
Este viraje marca una contradicción que sectores políticos y sociales no han tardado en subrayar. El bombardeo del 10 de noviembre en Calamar, Guaviare en donde murieron siete menores reclutados forzosamente se convirtió en un espejo implacable para el Gobierno. Y se suma a otros operativos que, según la Defensoría del Pueblo, están en verificación por posibles muertes de menores.
La presión aumenta, porque la defensora Iris Marín pidió públicamente suspender los bombardeos mientras se aclaran los hechos. La Procuraduría y la Justicia Penal Militar ya abrieron investigaciones formales.
La situación dejó al Ejecutivo en un terreno movedizo. A diferencia de su etapa como opositor, cuando calificó episodios similares como “crímenes de guerra”, ahora Petro sostiene que las disidencias operan con “solo combatientes” y que no había conocimiento de presencia de menores. Sus críticos responden que ese mismo argumento fue rechazado cuando lo esgrimieron Iván Duque, Guillermo Botero o Diego Molano. El búmeran político regresó con fuerza.
Pero el fondo del debate es más complejo que la contradicción discursiva. Tiene que ver con un problema estructural, pues los menores reclutados se han convertido en una pieza estratégica para grupos criminales.
Las cifras de la Defensoría son elocuentes, solo en 2024, 409 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, representando un incremento del 19% frente al año anterior, con Cauca, Putumayo, Valle y Arauca como epicentros. Para las disidencias, la Segunda Marquetalia, el EMC y el ELN, estos menores no solo son combatientes forzados: son escudos, mano de obra y protección frente a los operativos del Estado.
Por eso, el dilema operativo es mayor: ¿cómo golpear estructuras criminales que usan a niños como barrera humana sin incurrir en violaciones al DIH? El profesor y experto en defensa César Niño advierte que esto exige inteligencia superior, planeación milimétrica y un análisis constante sobre si los bombardeos realmente desestabilizan al enemigo o solo aumentan el riesgo para civiles y menores. De hecho, insiste en que Petro debería reconsiderar la suspensión de operaciones conjuntas y priorizar acciones terrestres apoyadas por inteligencia precisa.
La realidad, sin embargo, es que el Estado, en este y otros gobiernos, ha fallado durante décadas en evitar que los menores caigan en las redes del reclutamiento. El resultado es un rompecabezas en el que cualquier decisión tiene costos: si se bombardea, mueren menores reclutados; si no se bombardea, esos grupos avanzan, reclutan más niños y fortalecen su dominio territorial.
El debate también expone inconsistencias dentro del Pacto Histórico. Voces que fueron implacables con gobiernos anteriores ahora suavizan su lenguaje. Iván Cepeda, que en 2021 aseguró que denunciaría al ministro Molano ante la Corte Penal Internacional, hoy se limita a pedir garantías de DIH. María José Pizarro, quien antes tildó de “crimen de guerra” un bombardeo con menores, hoy evita esa expresión y plantea una reflexión más institucional.
En medio del ruido político, las investigaciones avanzan. La Justicia Penal Militar y la Procuraduría buscan establecer si hubo errores operacionales y si los principios de distinción, proporcionalidad y precaución se cumplieron. Desde ya, el Gobierno enfrenta un escrutinio que no podrá eludir con argumentación política: las explicaciones deberán ser técnicas, convincentes y transparentes.
El reconocimiento de Petro no solo expone una contradicción política; revela la dimensión del mayor fracaso del Estado colombiano: no ha podido mantener a los menores lejos de la guerra. Y mientras eso siga ocurriendo, cualquier bombardeo será una bomba de tiempo ética y política.
