EDITORIAL
El mandatario combina proteccionismo y estímulo industrial. Sube aranceles a vehículos contaminantes y elimina gravámenes a insumos textiles sin producción nacional.
El Gobierno nacional avanza en un viraje arancelario que refleja sus tensiones internas entre la protección de la industria nacional y los costos que ello implica para el consumidor. Dos decretos recientes muestran el contraste. Mientras uno encarece la importación de vehículos, otro facilita la entrada de insumos para confecciones.
El primer frente se abrió con el borrador del Ministerio de Comercio que propone elevar hasta 40% los aranceles a automóviles de combustión interna y 35% a motocicletas. El argumento oficial: impulsar una reindustrialización verde que desincentive tecnologías contaminantes y fortalezca la producción local de autos eléctricos e híbridos.
El decreto, fechado el 7 de noviembre, aún está en consulta. No obstante, su sola publicación generó una inmediata reacción del sector automotor. La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) lo calificó como una medida sin sustento técnico ni económico que castiga el origen de los vehículos e introduce barreras al libre comercio.
Según el gremio, un arancel de tal magnitud encarecería los precios al consumidor, limitaría la oferta y frenaría la modernización del parque automotor. “El decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio”, advirtió su presidente ejecutivo, Andrés Chaves, al pedir diálogo técnico con el Gobierno.
El impacto no sería menor. Con más de 11 millones de motocicletas registradas y unas 800.000 nuevas ventas anuales, buena parte de ellas utilizadas para trabajar, el incremento arancelario podría afectar directamente el bolsillo de miles de familias. También golpearía las relaciones comerciales con países como Japón o China.
El Ministerio de Comercio sostiene que la medida no afectará a los productos amparados por tratados de libre comercio y que entraría en vigor entre 15 y 90 días después de su publicación definitiva. Sin embargo, el mensaje político es claro. El Gobierno quiere usar los aranceles como instrumento industrial.
Ese enfoque se evidencia también en la otra cara del tablero: el Decreto 1184, expedido el 8 de noviembre, que elimina por dos años los aranceles a 37 insumos y materias primas para confecciones, calzado y prendas de vestir que no cuentan con producción nacional registrada. Allí la apuesta es reducir costos.
La medida, recomendada por el Comité Triple A, busca dar aire a uno de los sectores más intensivos en empleo, integrado mayoritariamente por micro y pequeñas empresas. “Nuestra apuesta es por la producción nacional”, explicó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, al anunciar la exención arancelaria.
El arancel cero aplica solo a insumos sin producción local y provenientes de países sin acuerdo comercial con Colombia. Según el Ministerio, la medida no compite con los productores internos, sino que permite equilibrar la cancha frente a importaciones de bajo costo y fortalecer los encadenamientos productivos nacionales.
Entre los productos beneficiados figuran hilados de seda, tejidos de lana, fibras sintéticas, filamentos artificiales y materiales acrílicos. Insumos básicos que, al ingresar sin gravamen, reducirán los costos de producción y podrían mejorar la competitividad de los confeccionistas frente a competidores de Asia y Centroamérica.
En los hechos, el Gobierno envía dos señales simultáneas: castiga las importaciones de bienes terminados con alto contenido de combustibles fósiles, pero incentiva la llegada de insumos industriales. Una política dual que combina proteccionismo selectivo con estímulos a la transformación productiva y el empleo local.
El equilibrio es frágil
Analistas advierten que elevar aranceles a bienes de consumo puede tener efectos inflacionarios, sobre todo en un contexto de lenta recuperación económica. Mientras tanto, reducirlos para insumos industriales genera alivio, pero su impacto dependerá de la respuesta del sector privado.
Para los defensores del enfoque oficial, el país no puede seguir dependiendo del consumo importado y debe apostar por encadenamientos internos. Los críticos, en cambio, consideran que el Gobierno usa la política arancelaria como una herramienta política más que técnica, arriesgando confianza en los mercados y en la inversión.
En el fondo, las dos decisiones reflejan el dilema estructural del modelo productivo colombiano: cómo impulsar la industria sin afectar la competitividad ni el poder adquisitivo de los hogares. El reto es diseñar reglas coherentes con la transición energética y el desarrollo sostenible que el Ejecutivo promete liderar.
El caso del sector automotor resume la tensión entre discurso y práctica. El país necesita avanzar hacia una movilidad más limpia, pero carece de infraestructura de carga, incentivos tributarios y ensambladores locales de vehículos eléctricos que compensen el encarecimiento previsto por los nuevos aranceles.
Por el contrario, la exención para los insumos textiles podría tener efectos inmediatos en reducción de costos y generación de empleo. Sin embargo, al ser temporal, su éxito dependerá de la capacidad del sector para traducir esa ventaja en aumento de exportaciones y formalización laboral.
En conjunto, la política arancelaria del Gobierno Petro muestra su rostro dual. Un intervencionismo que busca acelerar la transición verde y, al mismo tiempo, proteger la industria nacional. El desafío será evitar que esa estrategia termine profundizando la brecha entre los sectores ganadores y los perdedores del cambio.
