Colombia 2026: cuando el empleo formal se vuelve un lujo

Colombia entra en 2026 con una reforma laboral en vigencia, una jornada legal más corta, un salario mínimo disparado y el mismo problema de siempre sin resolver: productividad baja y estancada. La discusión pública se ha centrado en derechos —legítimos—, pero ha evitado el punto incómodo: ¿cómo se financian esos derechos en una economía que produce poco por hora trabajada?

La evidencia comparada es clara y no es ideológica. La OCDE ha insistido durante años en que los países que mejoran condiciones laborales de forma sostenible siguen una secuencia ordenada: primero productividad, luego reducción de jornada y, en paralelo, aumentos salariales alineados con esa productividad. Colombia decidió hacerlo al revés.

La reforma laboral que entra en vigor en 2026 encarece el empleo formal por varias vías. Amplía y acelera los recargos dominicales y festivos, redefine la jornada nocturna, y suma obligaciones que aumentan el costo por trabajador. A esto se le superpone la reducción de la jornada legal —sin reducción salarial— y un incremento del salario mínimo que quedó muy por encima del crecimiento real de la productividad. El resultado no es un misterio económico: sube el costo unitario del trabajo sin que suba la eficiencia.

Quienes defienden este paquete sostienen que el bienestar laboral no puede supeditarse a la productividad. El problema es que la productividad no es una abstracción técnica: es la capacidad real del sistema para pagar salarios, sostener empleo formal y competir sin trasladar todo a precios o informalidad. Ignorarla no la hace desaparecer; solo traslada el ajuste a los eslabones más débiles.

Colombia ya ofrece señales claras de ese riesgo. La productividad por hora crece de forma marginal y la productividad por trabajador incluso ha mostrado retrocesos recientes. En paralelo, la informalidad sigue siendo estructural y afecta sobre todo a jóvenes, mujeres y regiones fuera de los grandes centros urbanos. En ese contexto, hacer más caro el empleo formal no castiga a “los empresarios” en abstracto: castiga a las pymes, a los comercios, a los servicios intensivos en mano de obra y, en última instancia, a quienes buscan su primer o segundo empleo formal.

Hay otro factor que agrava la ecuación: el calendario laboral. En 2026 Colombia tendrá 18 festivos nacionales, muchos convertidos en puentes. En sectores como comercio, vigilancia, logística, salud y entretenimiento —los mismos que sostienen empleo urbano de baja y media calificación— los recargos dominicales y festivos no son una excepción ocasional: son parte del día a día. Con la reforma, esos sectores enfrentan un aumento de costos simultáneo por salario, recargos y horas efectivas trabajadas. No es difícil anticipar la respuesta: menos contratación, más informalidad o sustitución defensiva por automatización donde sea posible.

La comparación internacional es reveladora. Los países de la OCDE con jornadas más cortas y mejores salarios no llegaron ahí por decreto. Llegaron con empresas más grandes, logística eficiente, alta adopción tecnológica, mercados competitivos y capital humano alineado a la demanda productiva. Colombia adopta el discurso del “trabajar menos” sin haber construido aún el músculo productivo que lo hace viable. Es una apuesta de alto riesgo.

Nada de esto implica negar derechos laborales ni romantizar jornadas largas y salarios bajos. El punto es otro: los derechos que no se pueden financiar se terminan perdiendo, ya sea por informalidad, por desempleo encubierto o por exclusión del mercado formal. La historia laboral latinoamericana está llena de ejemplos donde la rigidez bien intencionada terminó expulsando a millones del sistema.

Una implementación responsable de la reforma exigiría un paquete espejo que hoy no existe: reducción de costos no salariales para ingresos bajos, flexibilidad operativa sectorial, formalización simple y barata, y una política de productividad que vaya más allá de discursos. Sin ese contrapeso, la reforma corre el riesgo de convertirse en un incentivo perverso: premiar la informalidad y castigar el empleo formal.

Colombia enfrenta una decisión de fondo. Puede seguir legislando como si la productividad fuera un detalle técnico, o puede asumir que sin producir más y mejor, repartir cuesta empleo. En 2026, el verdadero debate laboral no es entre empresarios y trabajadores. Es entre sostenibilidad o ilusión. Y las ilusiones, en economía, siempre las termina pagando alguien.