Colombia arriesga su seguridad energéticapor una transición más política que técnica

Solo una transición planificada, con diálogo regional y visión de largo plazo, podrá encender un nuevo modelo sin apagar la economía.

El debate sobre la transición energética en Colombia ha pasado de ser un tema ambiental a convertirse en una discusión económica y social de primer orden. La cuestión ya no es si el país debe avanzar hacia energías limpias, sino cómo hacerlo sin comprometer empleo, ingresos ni estabilidad fiscal.

Durante la Cumbre Colombiana del Carbón 2025, el consenso fue claro. La transición debe ser justa, gradual y financiada. No se trata solo de sustituir combustibles fósiles, sino de construir una política integral que reconozca el peso del carbón, el gas y el petróleo en la economía nacional.

El carbón representa hasta el 15% de las exportaciones, genera más de 120.000 empleos directos e indirectos y sostiene buena parte del gasto público en departamentos como Cesar, La Guajira y Norte de Santander. Ignorar esa realidad sería desconocer la estructura fiscal y laboral del país.

“Sin energía no hay economía, y sin economía no hay desarrollo social sostenible”, expresó el contralor delegado para Minas y Energía, Germán Castro Ferreira. Su afirmación sintetiza un punto crítico: la transición no puede medirse solo por metas climáticas, sino por su impacto en ingresos, empleo y equilibrios fiscales.

Más allá de las posiciones políticas, persiste un mito extendido, que el abandono rápido del carbón acelerará el cumplimiento de los compromisos ambientales. Los expertos lo desmienten. Sin un plan de sustitución económica, la reducción abrupta de la actividad minera podría dejar vacíos fiscales y sociales difíciles de compensar.

A ello se suma la falta de articulación institucional. La Contraloría ha advertido que los esfuerzos del Estado están dispersos, sin un programa nacional con presupuestos definidos ni metas verificables. El riesgo es que la transición avance más como eslogan político que como estrategia técnica y territorial.

En los hechos, solo el 40% de los títulos mineros del país cuenta hoy con licencia ambiental vigente. Esa cifra refleja tanto la debilidad regulatoria como la necesidad de fortalecer la minería legal y sostenible, en lugar de reemplazarla de manera precipitada por proyectos aún incipientes.

“El carbón ha sido un gran generador de carga y divisas, pero en los últimos años hemos visto cómo una combinación de medidas administrativas, tributarias y logísticas nos ha hecho menos competitivos frente al mercado global”, afirmó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

La transición energética impulsada por el Gobierno, aunque necesaria, se ha implementado sin una estrategia clara que garantice la sostenibilidad del sector. “No podemos hablar de transición, mientras seguimos dependiendo de la generación térmica y el gas está escaseando. Hay que devolverle la sensatez a la política energética nacional”.

Cante advirtió que el país se acerca a una crisis energética derivada del déficit en la generación eléctrica y la escasez de gas natural. En ese contexto, consideró inevitable que el carbón retome un papel protagónico en la matriz energética, apoyado en tecnologías limpias que reduzcan su impacto ambiental.

“El gobierno que llegue en 2026 deberá reconocer que el carbón no es un enemigo, sino un aliado estratégico para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y la estabilidad fiscal del país”, afirmó el presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

El mensaje  de Cante conectó con la posición de varios precandidatos presidenciales que participaron en los paneles de la Cumbre Colombiana del Carbón en Barranquilla, quienes pidieron equilibrio entre sostenibilidad y seguridad energética.

David Luna y Juan Daniel Oviedo insistieron en que “no se puede hacer transición energética desde la pobreza” ni renunciar a los ingresos que sostienen los programas sociales. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas recordó que la principal fuente de emisiones en Colombia proviene de la deforestación, no del carbón.

La exalcaldesa Claudia López agregó que sin financiamiento internacional la transición será inviable. Recordó que los países desarrollados deben asumir responsabilidades reales en la financiación de la descarbonización de economías intermedias. “Cumplir los compromisos globales es de lado y lado”, afirmó.

El trasfondo del debate es claro. La transición energética no es un proceso inmediato, sino una construcción de décadas que requiere planeación, coordinación estatal y financiamiento sostenido. Avanzar sin diagnóstico ni metas medibles puede resultar más costoso que mantener el modelo actual.

Colombia enfrenta el desafío de equilibrar justicia ambiental con justicia social. No se trata de elegir entre carbón o clima, sino de integrar ambos objetivos en una política nacional coherente. Una transición viable debe combinar gradualidad, tecnología y visión fiscal, sin debilitar la base productiva del país.