EDITORIAL
La oposición reclama asumir el poder, mientras Estados Unidos pone en duda liderazgo de la Nobel de Paz.
La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela abrió de inmediato una disputa política por el poder. La líder opositora María Corina Machado exigió que Edmundo González Urrutia asuma “de inmediato” la Presidencia del país.
En un comunicado, Machado reclamó la legitimidad de González Urrutia como vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. A su juicio, ese resultado constituye un mandato ciudadano que debe activarse sin dilaciones institucionales ni negociaciones adicionales.
“Esta es la hora de los ciudadanos”, afirmó la dirigente, al sostener que González debe ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. El llamado, dirigido explícitamente a oficiales y soldados, busca asegurar control político y respaldo militar en un escenario volátil.
Machado rompió así el silencio que mantuvo la oposición durante las primeras horas posteriores a la operación estadounidense. Su mensaje combina un tono de victoria política con una convocatoria a la movilización ciudadana, dentro y fuera del país, para respaldar el inicio de una transición democrática.
La dirigente afirmó que Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional” por crímenes atroces cometidos contra venezolanos y ciudadanos de otras naciones. En su lectura, la negativa del chavismo a una salida negociada precipitó la intervención de Estados Unidos.
La apuesta opositora
Para Machado, la coyuntura actual representa el momento largamente esperado. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, señaló, insistiendo en que la soberanía popular debe imponerse tras años de confrontación política y represión estatal sostenida.
La líder opositora planteó objetivos inmediatos: liberar presos políticos, restablecer el orden institucional y sentar las bases para la reconstrucción nacional. También subrayó la necesidad de facilitar el retorno de millones de venezolanos que emigraron durante la crisis prolongada.
El comunicado incluyó mensajes diferenciados. A los venezolanos dentro del país, les pidió estar atentos a nuevas instrucciones a través de canales oficiales. A quienes están en el exterior, los instó a movilizar gobiernos y sociedades para apoyar la transición.
Machado apeló a un tono emocional para cerrar su mensaje, transmitiendo confianza y cohesión. “Seguimos todos alertas y en contacto”, afirmó, reforzando la idea de una conducción política activa en un momento de definiciones históricas para Venezuela.
Sin embargo, la proclamación opositora choca con una realidad compleja. La captura de Maduro no implica automáticamente el desmantelamiento del aparato chavista, que conserva estructuras civiles y militares con capacidad de influir en el curso de los acontecimientos.
La postura de Washington
Desde Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump introdujo un elemento adicional de tensión. Aseguró que Washington gobernará Venezuela de manera temporal hasta que se concrete una “transición segura, adecuada y sensata”, sin fijar plazos ni mecanismos claros.
Trump puso en duda la capacidad de Machado para gobernar el país, al afirmar que no cuenta con el “apoyo ni el respeto suficiente” dentro de Venezuela. Sus declaraciones contrastan con el respaldo explícito que la dirigente espera del escenario internacional.
El mandatario estadounidense también confirmó que su Administración invertirá en la industria petrolera venezolana, señalando que grandes empresas de Estados Unidos asumirán un rol central para rehabilitar infraestructura y aumentar la producción energética nacional.
La combinación de control político temporal e intereses económicos refuerza la percepción de una tutela directa de Washington sobre el proceso venezolano. Esto introduce interrogantes sobre el margen real de autonomía de una eventual transición encabezada por la oposición.
En este contexto, la exigencia de Machado de una posesión inmediata de González Urrutia se enfrenta a una arquitectura de poder fragmentada. Estados Unidos marca el ritmo militar y estratégico, mientras la oposición busca capitalizar legitimidad electoral y respaldo popular.
La ausencia de referencias claras a un marco multilateral o a organismos internacionales añade incertidumbre. Tampoco se conocen los nombres que integrarían una autoridad provisional ni el destino inmediato de figuras clave del entorno de Maduro.
El escenario plantea una paradoja central: la oposición se declara lista para gobernar, pero el control efectivo del territorio y de los recursos parece depender, al menos por ahora, de decisiones tomadas fuera de Venezuela.
Con Maduro fuera de escena, la disputa ya no es solo contra el chavismo, sino por quién dirige la transición. Entre la urgencia opositora, la cautela militar y la tutela estadounidense, Venezuela entra en una fase decisiva, cargada de expectativas y riesgos.
