EDITORIAL
Andesco advierte déficit estructural de gas, mayores importaciones y alzas tarifarias, mientras exige reglas claras y decisiones inmediatas al Gobierno.
La crisis del gas dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un pulso político y regulatorio. Colombia enfrenta un déficit estructural del 23%, escenario que presiona importaciones costosas, amenaza las tarifas y tensiona la relación entre Gobierno y sector energético.
Así lo manifestó Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), durante el balance sectorial, donde cuestionó la falta de decisiones inmediatas y criticó que se planteen soluciones de largo plazo para un problema que ya impacta al sistema.
Hace tres años el gremio advirtió la pérdida de autosuficiencia sin encontrar eco institucional. “Las cifras no mienten, hemos hecho todo un seguimiento y hoy tenemos un déficit del 23% del gas que se requiere, trayéndolo importado”, afirmó Sánchez.
El dirigente desmintió versiones oficiales que minimizan la necesidad de gas extranjero y sostuvo que la dependencia ha crecido aceleradamente, al pasar de requerimientos marginales del 4% y 8% hasta representar casi una cuarta parte de la demanda nacional actual.
El diagnóstico técnico del Centro Regional de Estudios de Energía respalda la preocupación. Su informe señala que las reservas probadas de gas han caído un 57% desde 2010, configurando un deterioro estructural que compromete la seguridad energética y reduce el margen de maniobra del país.
Importaciones inevitables
Ante ese panorama, Sánchez rechazó las propuestas oficiales que prometen resolver la escasez con proyectos que tardarían años, en particular la opción de importar gas desde Venezuela, planteada como alternativa estratégica pese a las limitaciones actuales de infraestructura y tiempos.
“La mentira de decirnos que el problema que tenemos hoy lo vamos a solucionar de dentro de dos años, como Venezuela, pues eso es tomarle el pelo a los colombianos”, declaró el presidente de Andesco, en uno de los mensajes más críticos del balance.
El líder gremial subrayó que actualmente no existe un gasoducto funcional para ese suministro y que, aun en un escenario optimista, se requerirían por lo menos dos años para habilitar importaciones por esa vía, plazo incompatible con la urgencia del sistema energético.
La consecuencia inmediata de la escasez es el aumento de costos. El estudio del CREE evidenció que el precio promedio del gas en el mercado primario acumuló un incremento del 76% entre 2015 y 2024, reflejando la presión creciente sobre la cadena energética.
Sobre el impacto en los usuarios, Sánchez alertó que, de mantenerse las condiciones actuales de oferta y demanda, las tarifas podrían subir entre un 25% y un 32%, aclarando que se trata de escenarios probabilísticos basados en costos reales, no especulación.
“El gas importado es más caro que el colombiano y tenemos que jugar con esas características. La reducción de la exploración interna privó al país de más de 28 billones de pesos en renta petrolera y minero-energética potencial”, afirmó el dirigente.
Riesgos sistémicos
En su análisis, el presidente de Andesco defendió el rol de las plantas térmicas y de la infraestructura existente de importación, como la planta de regasificación SPEC, que ha permitido sostener el suministro en momentos críticos de estrechez energética.
“Si SPEC no existiera, Colombia tendría un déficit gigantesco de gas y tendríamos un apagón”, sentenció Sánchez, al recalcar que la capacidad instalada ha sido un amortiguador clave frente a la caída de producción nacional y la volatilidad climática.
Las térmicas también han sido determinantes para evitar racionamientos, incluso con embalses hidroeléctricos por encima del 80%, en un contexto de riesgos asociados al fenómeno de El Niño y a eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
No obstante, el informe del CREE advierte que, si se mantiene una demanda térmica mínima, la probabilidad de enfrentar al menos un mes de déficit de gas en 2027 asciende al 53,6%, elevando los riesgos para la estabilidad del sistema.
El balance sectorial también reveló una alta concentración de la oferta. Ecopetrol controla el 71% de la producción de gas, situación que, según el estudio, genera riesgos para la competencia y exige un marco regulatorio claro para terminales de importación.
El informe recomienda evitar la “concentración del mercado alrededor de incumbentes” y promover reglas que faciliten la entrada de nuevos actores, en un entorno donde la certidumbre jurídica resulta determinante para atraer inversión en infraestructura y exploración.
Sánchez cerró su intervención con un llamado directo al Ejecutivo para estabilizar las reglas del juego y frenar cambios regulatorios constantes que, a su juicio, erosionan la confianza empresarial y retrasan decisiones estratégicas para recuperar la soberanía energética.
“Necesitamos que no nos sigan cambiando las reglas de juego”, reclamó, al mencionar cargas impositivas del 2,5% y restricciones a proyectos hidroeléctricos como factores que incrementan la incertidumbre y frenan la inversión que el sector considera urgente.
