EDITORIAL
El anuncio, hecho por la secretaría del Tesoro estadounidense, incluye además la incorporación del grupo a la llamada Lista Clinton.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de designar al Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como organización terrorista extranjera marca un punto de quiebre en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región, pero también plantea profundas implicaciones políticas, jurídicas y de seguridad para Colombia.
Este anuncio, hecho por la secretaría del Tesoro estadounidense, incluye además la incorporación del grupo a la llamada Lista Clinton, lo que activa sanciones financieras internacionales y bloquea cualquier relación económica con personas o entidades vinculadas a esta estructura criminal.
Washington justificó la medida señalando que el Clan del Golfo es una organización “violenta y poderosa, con miles de miembros”, cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, utilizado para financiar atentados contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y población civil. Con esta decisión, el EGC se convierte en el cuarto grupo armado colombiano incluido en la lista de organizaciones terroristas de EE.UU., junto al ELN, las Farc-EP y la Segunda Marquetalia.
El momento del anuncio no es menor. Se produce cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en un proceso de diálogo con el Clan del Golfo dentro de su política de “Paz Total”. Incluso, Colombia había invitado formalmente a Estados Unidos y al Reino Unido a actuar como observadores y mediadores en estas conversaciones. Tras dos rondas de diálogo en Doha, Catar, ambas partes anunciaron acuerdos iniciales, entre ellos la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba, donde se prevé la concentración progresiva de más de 9.000 combatientes a partir de marzo de 2026.
La designación como grupo terrorista, sin embargo, introduce serios obstáculos a este proceso. En la práctica, dificulta cualquier tipo de interlocución internacional con el EGC, limita apoyos externos y expone a Colombia a presiones diplomáticas para endurecer su política frente a este actor armado. Analistas advierten que la medida puede convertirse en un “golpe a la mesa” de negociación, debilitando la ya frágil confianza entre las partes.
El Clan del Golfo tiene raíces en los remanentes del paramilitarismo de los años noventa, especialmente en la región de Urabá. Con un modelo de operación flexible, basado en alianzas locales y subcontratación de estructuras criminales, el grupo logró expandirse a más de 300 municipios del país.
El poder de este grupo se sustenta en el control de múltiples rentas ilegales, como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, además de una estructura que le permite reemplazar rápidamente a sus líderes capturados o abatidos.
A nivel regional, la decisión estadounidense se enmarca en una ofensiva más amplia contra el narcotráfico en América Latina. En los últimos meses, operaciones militares de EE.UU. han dejado decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico, mientras el presidente Donald Trump ha reiterado que no descarta acciones más contundentes, incluso terrestres. Sus declaraciones sobre una posible expansión de ataques hacia territorio colombiano han generado tensiones diplomáticas, especialmente ante las advertencias del presidente Petro de que cualquier amenaza a la soberanía nacional sería considerada una “declaración de guerra”.
Así, la designación del Clan del Golfo como organización terrorista no solo redefine el tratamiento internacional de este grupo, sino que coloca a Colombia en una compleja encrucijada. Por un lado, refuerza la presión para combatir con mayor contundencia al crimen organizado; por otro, pone en riesgo los ya limitados avances de la “paz total” y abre un nuevo escenario de incertidumbre en un país donde el conflicto armado aún no logra cerrarse del todo.
