EDITORIAL
Aún con embalses llenos, Colombia necesita térmicas modernas para garantizar respaldo cuando la hidrología deje de jugar a favor.
El sector energético colombiano atraviesa un momento de incertidumbre que, aunque no es nuevo, empieza a sentirse más cerca. Las advertencias de los expertos ya no se centran en la volatilidad de precios ni en El Niño, sino en algo más estructural: la falta de nuevos proyectos en ejecución.
John Maya Salazar, gerente general del Grupo EPM, lo resume con crudeza: el país está viviendo de los rezagos de la planificación pasada. En otras palabras, lo que hoy mantiene encendida la luz en Colombia no son los proyectos recientes, sino los que se diseñaron hace casi una década. Y eso tiene fecha de vencimiento.
Según el ejecutivo, Colombia debería estar construyendo al menos cinco o seis proyectos de generación relevantes para evitar una brecha energética en los próximos tres años. Sin embargo, las cifras oficiales apenas muestran avances en tres, y todos enfrentan demoras por licencias, conflictos sociales o falta de financiación.
El panorama es preocupante porque el crecimiento del consumo eléctrico sigue al alza, impulsado por la industrialización regional, la expansión urbana y la electrificación del transporte. “La demanda crece, pero la oferta está estancada. Es un desequilibrio silencioso que no da titulares, pero que podría costarnos caro”, advierte.
Aunque el sistema interconectado nacional tiene una capacidad instalada superior a los 20.000 megavatios, cerca del 70% depende de la generación hidroeléctrica. Eso convierte a Colombia en un país vulnerable frente a sequías prolongadas, especialmente en periodos de El Niño, cuando los embalses caen por debajo del 60%.
En ese contexto, las fuentes térmicas (diésel, carbón y gas) funcionan como respaldo, pero su operación es más costosa y ambientalmente polémica. “No se trata de volver al carbón, pero sí de reconocer que necesitamos térmicas modernas listas para responder cuando las hidroeléctricas se agoten”, insiste Maya Salazar, durante su participación en el 8º Encuentro de Sostenibilidad CENS.
Sin embargo, el problema no solo es técnico. La falta de ejecución refleja un bloqueo institucional. Por ejemplo, proyectos solares y eólicos en La Guajira acumulan años de retrasos por trabas de consulta previa y lentitud en la conexión a la red nacional. “Cada mes perdido es energía que no llega al sistema”, afirma.
A esto se suma la ausencia de señales regulatorias claras. Según el gerente general del Grupo EPM, los inversionistas están a la espera de definiciones sobre los incentivos a las renovables y los mecanismos de remuneración. “La transición energética necesita confianza. Sin reglas estables, nadie se arriesga a poner miles de millones en juego”.
LA PARADOJA ES EVIDENTE
Mientras el discurso oficial insiste en la diversificación de la matriz y en la apuesta por energías limpias, el país aún depende del agua y del gas importado. Aunque los proyectos solares crecen en número, su aporte real al sistema sigue siendo marginal frente a la demanda.
Maya Salazar afirma que el fantasma del racionamiento no es inminente, pero ya se siente su sombra. “Si no se adjudican nuevos proyectos en 2025 y 2026, en 2027 estaremos hablando de restricciones programadas, no de hipótesis”. En el sector, esa frase encendió las alarmas.
Los analistas coinciden en que el país está a tiempo de reaccionar, pero no puede seguir postergando decisiones estratégicas. Entre ellas, acelerar la expansión de la transmisión eléctrica, mejorar la coordinación institucional y destrabar licencias ambientales que hoy están estancadas en los ministerios y las CAR.
El riesgo más grande no es solo el apagón, sino la pérdida de competitividad. Un sistema eléctrico frágil encarece la energía industrial, desincentiva la inversión extranjera y pone en jaque la estabilidad macroeconómica. “Un racionamiento hoy no sería técnico, sería político”, apunta un exviceministro del sector.
El gerente del Grupo EPM advierte que la discusión pública se ha concentrado en el precio y ha olvidado la capacidad. “Podemos tener tarifas reguladas o subsidios, pero si no hay kilovatios para ofrecer, el debate económico no sirve de nada. Lo urgente es construir, no prometer”.
A juicio del ejecutivo, el país necesita un plan de choque que combine gestión territorial, incentivos a la inversión y mayor coordinación con comunidades locales. “La transición energética no puede seguir siendo un eslogan; debe ser un acuerdo de Estado. Sin energía no hay desarrollo ni estabilidad”.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía asegura que no hay riesgo de racionamiento y que se están adelantando mecanismos de expansión. “La palabra apagón, esa palabra no existe”, afirma la viceministra de Energía Karen Schutt, pese a las advertencias de expertos y gremios.
El país enfrenta, pues, un dilema complejo: avanzar hacia una matriz limpia y moderna o quedarse atrapado en los cuellos de botella de la burocracia. Por ahora, lo único claro es que el reloj avanza y los proyectos no. Y el fantasma del racionamiento ya toca la puerta.
