EDITORIAL
La firma del contrato se hizo pública durante el aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la modernización de la flota.
La adquisición de los aviones de combate Gripen por parte del Gobierno colombiano, lejos de consolidarse como un logro en materia de modernización militar, ha desatado una tormenta política, jurídica y fiscal que crece cada semana. La reciente decisión de la Contraloría General de activar un proceso de vigilancia y pedir el contrato completo de la transacción reactivó un debate que combina presuntos sobrecostos, tensiones diplomáticas y dudas sobre la transparencia del Ejecutivo.
La solicitud del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, al Ministerio de Defensa no es un trámite administrativo más. Pide la copia íntegra del contrato con la empresa asesora de la compra, así como los estudios comparativos que llevaron al Gobierno a seleccionar los modelos Gripen E y F por encima de alternativas como los Rafale franceses o los F16 estadounidenses.
Se trata de la primera revisión fiscal profunda a una operación que supera los $16,5 billones y que compromete el presupuesto nacional durante más de una década.
La Contraloría otorgó un plazo de cinco días para recibir la información, dejando claro que la reserva no opera ante el control fiscal.
La firma del contrato se hizo pública durante el aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la modernización de la flota. Según el Gobierno, los Gripen ofrecen ventajas operativas significativas: como la capacidad de operar en pistas no convencionales y menores costos frente a aeronaves bimotores, lo que justificaría la inversión.
Las entregas están programadas entre 2026 y 2032, mientras que el pago comenzará en dos o tres años. Pero lo que desde el Ejecutivo se concibió como una apuesta estratégica para renovar la capacidad aérea del país pronto se convirtió en un foco de controversia.
Uno de los puntos más sensibles surgió tras la comparación con Tailandia, país que adquirió aeronaves del mismo fabricante pero a un precio unitario más bajo. Sectores políticos y analistas cuestionaron por qué Colombia pagaba más por un paquete aparentemente similar.
Documentos de la fabricante Saab y reportes periodísticos aclararon que el caso tailandés respondía a condiciones completamente distintas. Ese país compró solo cuatro aeronaves y ya tenía infraestructura, pilotos y simuladores desde 2011, lo que reducía significativamente los costos de integración. Colombia, en cambio, está renovando toda su arquitectura militar aérea, lo que implica inversiones adicionales en capacitación, soporte técnico y construcción de capacidades.
Este contexto llevó al presidente Petro a destacar los offset o acuerdos de compensación incluidos en el contrato. Según el mandatario, Saab se comprometió no solo con la entrega de los aviones, sino también con inversiones sociales y tecnológicas en Colombia: una planta de paneles solares en el Caribe, sistemas de desalinización para La Guajira, transferencia en ciberseguridad y tecnología aeroespacial, e incluso aportes a la reconstrucción y equipamiento del Hospital San Juan de Dios.
Para el Gobierno, estos beneficios adicionales explican parte del costo total y convierten la compra en un acuerdo estratégico de largo plazo.
La polémica traspasó fronteras cuando el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, pidió a la Unidad Nacional Anticorrupción de Suecia investigar si hubo ventajas indebidas o pagos irregulares durante la negociación. Su solicitud incluyó un pedido para rastrear flujos financieros y comunicaciones, y mencionó la presencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en Suecia, insinuando posibles intermediaciones. Aunque hasta ahora no existe evidencia concreta, Enciso pidió aplicar los estándares de la OCDE para descartar cualquier señal de corrupción.
Petro defendió la legalidad del proceso, retó a los denunciantes a presentar pruebas técnicas y sugirió que parte de la controversia proviene de presiones geopolíticas. Según el presidente, Estados Unidos habría esperado que Colombia comprara aviones F16 usados, y la decisión de optar por tecnología sueca habría generado molestia. De hecho, el mandatario aseguró que la inclusión de Colombia o funcionarios en listas de observación internacional podría interpretarse como una reacción adversa de Washington.
El presidente insistió que el país actuó sin presiones para modernizar su capacidad de defensa y que no aceptaría, bajo ninguna circunstancia, armamento de segunda mano. El Gobierno también recalca que la compra permitirá posicionar a Colombia en estándares tecnológicos que hasta ahora le eran ajenos.
Pero la vigilancia anunciada por la Contraloría pone el foco en otro elemento igual de relevante: ¿Fueron suficientes los estudios comparativos? ¿Cómo se justificó la elección técnica y financiera? ¿Qué papel jugaron los offsets en la valoración del contrato? ¿Hubo terceros involucrados? ¿Cuáles fueron los criterios de negociación?.
En medio de un déficit fiscal en aumento y un clima político polarizado, la compra de los Gripen se convierte en un termómetro de confianza institucional.
