El golpe a Temu y al comercio digital en la reforma tributaria

La reforma tributaria reduce de 200 dólares a 50 dólares el límite para compras en línea sin impuestos.

El gobierno de Gustavo Petro dio un paso decisivo en su estrategia fiscal al presentar ante el Congreso el documento comparativo con los ajustes oficiales a su reforma tributaria. 

Aunque el proyecto incluye múltiples frentes, uno de los cambios que más impacto genera en la opinión pública es la medida que afecta directamente a plataformas de comercio digital transfronterizo como Temu, Shein y otras aplicaciones de compras en línea que han crecido masivamente en el país.

Un ajuste que sacude 

El cambio más sonado es la reducción del umbral para importaciones bajo tráfico postal: pasa de US$200 a US$50, y además se prohíbe que este mecanismo se utilice para compras con fines comerciales. La medida busca cerrar los espacios que, según el Gobierno, han permitido que múltiples empresas y vendedores informales realicen importaciones fraccionadas, simulando compras personales para evitar impuestos.

Este ajuste afecta de manera especial el modelo de plataformas como Temu y Shein, basadas en envíos pequeños, rápidos y directos al consumidor. Con el nuevo umbral, una gran parte de las compras que hoy llegan al país sin impuestos quedarán sujetas a tributos, lo que incrementará sus precios finales y reducirá su competitividad frente a comercios locales.

El Gobierno defiende la decisión como un mecanismo para “equilibrar la cancha” entre actores digitales globales y comercios nacionales que sí pagan impuestos. Sin embargo, sectores de consumidores y emprendedores advierten que el cambio puede encarecer bienes de bajo costo, limitar la libertad de compra y afectar cadenas de comercialización que dependen del abastecimiento mediante plataformas extranjeras.

Pilares de recaudo permanecen intactos

Si bien el ajuste al comercio digital es uno de los más comentados, la mayoría del proyecto tributario mantiene intactas sus líneas principales. Las medidas que buscan recaudar más de 16,3 billones de pesos en 2026 continúan vigentes: la redefinición del IVA en juegos de suerte y azar, la tributación de cuotas de administración en propiedad horizontal, y el impuesto sobre parqueaderos y zonas comunes siguen en pie.

En cuanto a renta y patrimonio, persisten la tarifa del 5% para no residentes que prestan servicios digitales, el régimen especial para iglesias con actividades mercantiles y la estructura general del impuesto para personas naturales. También se preservan la sobretasa al sector financiero y las tarifas diferenciales para empresas extractivas según los precios internacionales del petróleo y el carbón.

En ganancias ocasionales, la tarifa del 30% para rifas, loterías y apuestas no se modifica, al igual que la regulación de herencias y venta de activos.

Cambios tácticos para negociar apoyos

El Gobierno sí hizo ajustes estratégicos en frentes políticamente sensibles. En particular, retiró tres artículos sobre el IVA a combustibles, relacionados con reglas escalonadas para gasolina y ACPM desde 2026 y con la base gravable para distribuidores minoristas. Con ello busca desactivar tensiones con sectores transportadores y energéticos.

En contraste, mantiene sin cambios el esquema del impuesto al carbono, con tarifas según tipo de combustible y destinación del 45% de los recursos a programas ambientales como mitigación de erosión costera, conservación de ecosistemas y reducción de deforestación. Los municipios amazónicos continúan exentos del gravamen, excepto si realizan actividades de explotación o refinación.

También se conserva el impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, así como las sanciones aplicables por incumplimiento.

Incentivos verdes y formalización tributaria

El Gobierno preserva incentivos a las energías limpias, incluidos los bonos de transición energética –que permiten deducciones de hasta el 50% de la inversión– y la exención del IVA para bienes y servicios asociados a tecnologías renovables y eficiencia energética.

En cuanto a facturación electrónica, se mantienen las deducciones graduales: 5% en 2026, 3% en 2027 y 1% desde 2028, para compras menores a 240 UVT y con identificación obligatoria del adquirente. Este enfoque busca fomentar la formalidad y mejorar los controles contra la evasión.

El régimen sancionatorio también se robustece: se mantiene la “ineficacia” de declaraciones con retención sin pago, se otorgan plazos de corrección hasta marzo de 2026 con sanción reducida, y la administración tributaria amplía su capacidad para sancionar incluso cuando no hay declaración presentada.

La reforma avanza en un escenario de polarización política: un sector del Congreso propone archivar el proyecto. Para el Gobierno, los ajustes representan una señal de apertura al diálogo, aunque sin ceder en los puntos que considera esenciales para garantizar recursos en el presupuesto de 2026.

El riesgo social también es significativo: la reducción del umbral de compras digitales afecta a millones de consumidores habituados a precios bajos en plataformas asiáticas. 

El nuevo diseño de la reforma tributaria combina determinación fiscal con maniobras tácticas para asegurar apoyos legislativos. 

El ajuste sobre Temu y las compras en línea se convierte en el símbolo del esfuerzo por regular el comercio digital y aumentar el recaudo, aunque también en uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía.