Alerta por más desplazamientos y civiles confinados

Miles de familias siguen atrapadas entre el fuego cruzado, el abandono estatal y una crisis humanitaria que no da señales de terminar.

Más de 87.000 personas afectadas por desplazamientos masivos y confinamientos confirman que el Catatumbo atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años. 

Desde el 16 de enero de 2025, la intensificación del conflicto armado ha convertido a esta subregión del norte de Norte de Santander en un escenario persistente de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), con Tibú y El Tarra como principales epicentros de la confrontación.

La Defensoría del Pueblo y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) coinciden en que el deterioro del orden público responde a la agudización de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, una disputa por el control territorial y las economías ilícitas que mantiene a once municipios de Norte de Santander bajo alerta de riesgo inminente.

Disputa territorial y ruptura de acuerdos

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó que la confrontación se intensificó tras la ruptura de los acuerdos de no agresión entre ambos grupos armados, luego del fracaso de los ceses al fuego bilaterales.

“Lo que observamos es una disputa por el control hegemónico de corredores estratégicos hacia Venezuela. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de copamiento militar”, advierte el informe técnico Dinámicas del conflicto en la frontera, firmado por Camilo González Posso, director de Indepaz.

A este escenario se sumó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en área rural de Tibú, autorizada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 161 de mayo de 2025, como parte del proceso de paz con el Frente 33. Desde su anuncio, la medida generó alertas por los riesgos que implicaba concentrar combatientes en medio de un conflicto activo con el ELN. Pese a ello, en diciembre de 2025 el Gobierno prorrogó la ZUT por siete meses más.

Alerta extrema y recrudecimiento de la violencia

Ante el deterioro acelerado de la seguridad, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017-2025, advirtiendo un escenario de alto riesgo, con instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de menores y confinamientos prolongados.

Lejos de desescalar, la violencia se intensificó desde finales de diciembre de 2025. Combates en veredas como La Angalia, Kilómetro 16 y Filo Gringo, así como ataques con drones y un paro armado del Eln, provocaron nuevos desplazamientos hacia los cascos urbanos de Tibú, El Tarra, Ocaña y Cúcuta.

Visita humanitaria y verificación en territorio

Durante dos días consecutivos de enero de 2026, la defensora del Pueblo, Iris Marín, encabezó una visita humanitaria a zonas rurales del Catatumbo junto a un equipo interdisciplinario de la Defensoría, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

En el corregimiento de Filo Gringo, en El Tarra, la comisión constató la destrucción de viviendas, daños a infraestructura civil y el abandono forzado de comunidades enteras. Según la Comisión Humanitaria del Catatumbo, gran parte del corregimiento permanece deshabitado debido al desplazamiento masivo de sus habitantes.

La visita se extendió a albergues en la cabecera urbana de El Tarra y a los corregimientos de Versalles y Pacelli, en Tibú, donde se verificó la situación de derechos humanos y se facilitó la entrega de ayuda humanitaria articulada entre la Gobernación, la Alcaldía de Tibú, la Unidad para las Víctimas y el ICBF.

“Estamos acompañando a estas familias y haciendo seguimiento para que se active de manera integral la ruta de atención a las víctimas”, señaló Marín, al tiempo que reiteró el llamado a los grupos armados para que suspendan las hostilidades y respeten a la población civil.

Desplazamientos masivos y presión sobre las ciudades

El número de familias desplazadas que han llegado a Cúcuta desde el 22 de diciembre de 2025 asciende a 737 núcleos familiares, integrados por 2.048 personas, provenientes principalmente de Mineiro y Pacelli, en Tibú, y de Filo Gringo, en El Tarra. Solo en los últimos seis días, arribaron 130 familias, más de 300 personas.

A Ocaña han llegado al menos 88 familias, mientras que las autoridades advierten que la cifra real podría ser mayor debido a las dificultades para registrar a las víctimas en zonas rurales de difícil acceso.

La magnitud de la crisis llevó incluso al alcalde de Teorama, Uber Conde, a suspender las festividades municipales en solidaridad con las comunidades afectadas.

Autoridades en máxima alerta

Las denuncias de las comunidades incluyen el uso de drones para atacar viviendas, la presencia permanente de hombres armados y fuertes combates en zonas rurales. Ante este panorama, el alcalde de El Tarra, Eider Robles, solicitó a los grupos armados permitir la salida segura de la población civil y pidió una intervención urgente del Gobierno nacional y de organismos internacionales.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, confirmó el fortalecimiento de las operaciones militares en la región, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú para hacer seguimiento permanente a la situación humanitaria y de orden público, especialmente en Filo Gringo, donde incluso el personal médico tuvo que abandonar la zona por falta de garantías de seguridad.