EDITORIAL
Según revelaciones previas, mantener su equipo de confianza le ha costado al país más de $1.000 millones en poco más de un año.
La controversia alrededor de la primera dama, Verónica Alcocer, dejó de ser episodios aislados para convertirse en un rompecabezas que mezcla diplomacia, poder, negocios millonarios y una crisis política creciente para el gobierno de Gustavo Petro. Lo que inició como una revelación sobre sus estadías de lujo en Estocolmo, publicada por el diario sueco Expressen, terminó exponiendo una red de favores, amistades estratégicas y gastos difíciles de explicar en un momento de déficit económico y tensión fiscal en Colombia.
Las imágenes que mostraron a Alcocer alojándose en hoteles exclusivos, frecuentando restaurantes de alta gama y relacionándose con la élite escandinava encendieron un debate que ya venía caliente, porque ¿cuál es la naturaleza de la presencia de la primera dama en Suecia, país clave en la reciente negociación para adquirir los aviones de combate Gripen? ¿Y cómo se financia su estilo de vida y no usa recursos públicos?.
La historia, sin embargo, es más profunda que un viaje. Fuentes cercanas al Palacio de Nariño explicaron que Alcocer comenzó a distanciarse del entorno presidencial desde julio del año pasado, después de que circularan imágenes del mandatario caminando con una mujer en Panamá. Desde entonces, la primera dama dejó de asistir a eventos oficiales, vivió sola en un apartamento al norte de Bogotá y empezó a viajar con más frecuencia al exterior.
Pero, lo sorprendente de esto es que lo hacía con gastos de representación, como si ejerciera un rol diplomático.
Ese distanciamiento coincidió, además, con movimientos burocráticos que dejaron a miembros de su círculo personal ocupando cargos públicos con sueldos elevados. Según revelaciones previas, mantener su equipo de confianza le ha costado al país más de $1.000 millones en poco más de un año. Aun así, Alcocer continuó ejerciendo un papel internacional paralelo.
Su presencia en Suecia no fue casual. El punto de quiebre ocurrió en junio de 2024, durante una visita de Estado en la que Petro y Alcocer posaron junto a la realeza sueca. Desde ese momento se aceleraron los acercamientos diplomáticos que culminaron en la millonaria negociación de los Gripen. Petro defendió la reactivación de las relaciones con la monarquía sueca y que Alcocer no gasta recursos públicos. También afirmó que ambos viven separados “hace tiempo” y que su inclusión en la Lista Clinton complicó la vida familiar.
Pero la pregunta sigue en el aire, si no usa fondos del Estado, ¿quién financia su estadía en Estocolmo? La respuesta apunta a una red de amigos y diplomáticos cercanos al Gobierno.
En el centro de ese entramado aparece Guillermo Reyes, embajador en Suecia y amigo personal de Alcocer, así como su esposa, Carmen Larrazábal. Fuentes sostienen que la primera dama se hospedaba en la sede diplomática y que esa situación generó tensiones internas. Luego, con el tiempo, Alcocer habría ampliado su círculo social, conectándose con personajes influyentes y empresarios suecos.
El asunto toma otra dimensión con la revelación de un informe de la UIAF, solicitado por el propio Gobierno, que registra giros de Petro hacia Alcocer y hacia Carolina Plata Navas, amiga cercana de la primera dama y contratista de Presidencia —con un contrato de 482 millones de pesos—. A ello se suma la compra de euros por parte del presidente, por unos 321 millones de pesos.
Plata y su esposo, Danilo Romero, han sido aliados históricos de Petro y apoyo económico de Alcocer. Otro nombre clave es el de Orlando Cabezas, empresario multimillonario de la aviación y dueño de Helistar, que ha transportado a Alcocer en varias ocasiones y que mantiene intereses contractuales con el Gobierno.
Todo este contexto alimenta la denuncia que presentará el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, ante las autoridades anticorrupción de Suecia. El documento sostiene que la coincidencia entre la estadía prolongada de Alcocer en Estocolmo, su vida de lujo y el cierre del acuerdo de los Gripen crea un “vínculo plausible”.
Mientras tanto, en Colombia, la Fiscalía abrió una investigación preliminar sobre facturas y contratos asociados a la representación institucional de Alcocer. Allí aparecen presuntas facturas ficticias por servicios de belleza y consultoría, que elevarían las irregularidades a cerca de $1.000 millones.
El caso sigue abierto, entre el ruido mediático y las investigaciones que avanzan en dos países. Pero lo cierto es que las imágenes de lujo, los vínculos diplomáticos y la negociación de los Gripen ya no se leen como historias independientes: juntas componen uno de los episodios más delicados para un Gobierno que enfrenta críticas por derroche en tiempos de déficit.
