Gobierno suspende traslado de cabecillas criminales a Barranquilla tras presión regional

El Gobierno nacional suspendió el traslado a Barranquilla de los cabecillas de las bandas Los Pepes y Los Costeños, luego de las críticas públicas del alcalde Alejandro Char y del gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, así como de otros mandatarios y sectores del Caribe  .

La confirmación la hizo el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien informó que “por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido”. El funcionario reconoció que una decisión de esta magnitud requiere coordinación previa entre el INPEC, la Policía y las autoridades locales y departamentales para garantizar vigilancia estricta y control permanente.

La controversia se desató tras conocerse la solicitud de traslado de Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños, desde cárceles de alta seguridad hacia centros de reclusión en Barranquilla. El alcalde Char calificó la medida como riesgosa y cuestionó que, en lugar de reforzar la Fuerza Pública, se optara por reubicar a criminales de alto perfil en la ciudad.

Horas después de anunciar la suspensión, Idárraga respondió con dureza a Char en la red X. Aseguró que “no hay premios, hay resultados” y defendió la estrategia de diálogo como responsable de una reducción del 57% en homicidios y del 84% en extorsión hacia finales de 2025. Incluso señaló que la violencia se había salido de control en administraciones locales anteriores y pidió explicaciones sobre recursos del impuesto a la seguridad.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro respaldó la línea de su ministro y reiteró que la “paz urbana” ha contribuido a disminuir los homicidios en Barranquilla. No obstante, la suspensión evidencia el alto costo político de la medida y la falta de consensos territoriales para su implementación.

En paralelo, el gobernador Verano solicitó el acompañamiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar transparencia, control y seguimiento a cualquier decisión que pueda afectar la seguridad y la convivencia. En los próximos días se espera una reunión entre autoridades locales, departamentales y el Gobierno nacional para definir el curso de acción antes del vencimiento de la tregua entre las bandas, previsto para el 20 de enero de 2026.

La suspensión marca un giro en la controversia y deja abierta la discusión de fondo: cómo implementar la “paz urbana” sin poner en riesgo a las ciudades ni fracturar la coordinación entre Nación y territorio, en un contexto electoral que eleva la sensibilidad política de cada decisión.