EDITORIAL
El Guaviare se perfila así como un nuevo epicentro del conflicto, con consecuencias humanitarias inmediatas y un horizonte incierto.
La masacre de 26 disidentes en El Retorno, Guaviare, no solo estremeció por su brutalidad, sino porque expuso con crudeza la nueva fase del conflicto armado en el suroriente del país: una guerra fratricida entre facciones que hasta hace poco compartían estructura y mando. Lejos de un enfrentamiento convencional, los muertos no cayeron en combate.
Según informes de inteligencia, fueron fusilados tras rendirse, en un episodio que revela el nivel de degradación, infiltración y control territorial que hoy define a las disidencias.
El ataque ocurrió el 16 de enero, cuando cerca de 40 hombres del bloque de alias ‘Iván Mordisco’ fueron rodeados por más de 100 combatientes de la estructura rival de alias ‘Calarcá’. Superados en número y potencia de fuego, aceptaron entregarse luego de que se les prometiera respeto por la vida. Sin embargo, una vez desarmados, agrupados y despojados incluso de alimentos, habrían sido ejecutados a corta distancia. La escena, más que un acto de guerra, fue un mensaje.
Detrás de la operación aparece un elemento decisivo: la traición interna. Las autoridades señalan a alias ‘Korea’, cabecilla de la misma organización de ‘Mordisco’, como el responsable de entregar la ubicación exacta del campamento. El pacto con ‘Calarcá’ incluyó más de 500 millones de pesos y el control de rentas ilegales como minería, narcotráfico y extorsión. La infiltración se extendió a redes civiles de informantes que, sobornadas, permitieron el ingreso del grupo atacante sin alertas.
La masacre ocurrió además en un punto altamente simbólico: la vereda La Paz, considerada el corazón del poder histórico de ‘Iván Mordisco’, donde se presume existen caletas con armamento y dinero. La toma de ese bastión reconfigura el mapa criminal en Guaviare y confirma que la disputa ya no es marginal, sino estratégica.
Para los analistas, la disposición de los cuerpos y la ejecución posterior a la rendición constituyen una táctica deliberada de terror. Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explicó que el hecho refleja “una clara muestra de la ventaja militar que tiene ‘Calarcá’ y de un férreo control social” en la zona. Paula Tobo, también investigadora de la FIP, advirtió que exponer los cadáveres busca intimidar a la población civil y obligarla a escoger entre dos “gobernanzas armadas” en competencia.
Este episodio no es aislado. Inteligencia militar registra al menos 14 puntos del país donde grupos armados se enfrentan “a muerte”. Lo que vuelve crítico el caso Guaviare es que conecta un corredor de violencia que une disputas en Meta y Caquetá, rompiendo cualquier contención previa. Arias compara la situación con el Catatumbo: enfrentamientos entre grupos ilegales, poca presencia estatal, señalamientos contra civiles, confinamiento y desplazamiento. Pero hay una diferencia clave: mientras Catatumbo mantiene atención mediática e institucional, Guaviare permanece en un “olvido estratégico”, una periferia donde la colonización, los cultivos ilícitos y la débil presencia estatal crean condiciones ideales para la expansión armada.
El crecimiento de la estructura de ‘Calarcá’ explica parte de este nuevo equilibrio de poder. Reportes ambientales muestran cómo la economía ilegal se ha diversificado: deforestación masiva, acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y lavado de activos complementan al narcotráfico como fuentes de financiamiento. Arias revela que entre 2022 y hoy esta disidencia pasó de 2.200 a casi 3.800 hombres, un aumento del 72%. La coyuntura de la Paz Total, sostiene, fue utilizada como escudo para fortalecerse militarmente mientras las negociaciones quedaban desconectadas de la realidad territorial.
La crisis también evidencia fallas estatales profundas. Arias señala que la Fuerza Pública carece de criterios claros para actuar en zonas donde existen ceses al fuego parciales y disputas entre ilegales, lo que alimenta rumores de alianzas y erosiona la legitimidad institucional. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 001-25, advirtió además sobre el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas Nukak y Jiw, atrapados en el fuego cruzado.
El Guaviare se perfila así como un nuevo epicentro del conflicto, con consecuencias humanitarias inmediatas y un horizonte incierto. Si el Estado no responde con presencia integral —más allá de lo militar—, la masacre de El Retorno podría ser el preludio de un escenario similar al Catatumbo: una región dominada por economías ilegales, control armado y comunidades condenadas a sobrevivir entre dos fuegos.
