La ‘jugadita’ de Petro

La decisión del Gobierno de declarar una emergencia económica tras el hundimiento de su reforma tributaria no es un hecho técnico ni neutro. Es una jugada política de alto impacto institucional y, como tal, merece ser analizada con rigor, no con consignas.

La Constitución es clara. El artículo 215 permite la emergencia económica solo cuando existen hechos graves, imprevisibles y sobrevinientes, no atribuibles al propio Ejecutivo. Ese estándar no es retórico: es una salvaguarda democrática frente al abuso del poder.

En este caso, la supuesta urgencia fiscal surge después de una derrota política en el Congreso. No hay catástrofe natural, colapso financiero externo ni evento extraordinario. Hay, más bien, un choque entre el Gobierno y el Legislativo, resuelto por el primero mediante un atajo constitucional.

El trasfondo es evidente. El Gobierno necesita recursos –16 billones de pesos– y no logró convencer al Congreso de su ley de financiamiento. En lugar de corregir el gasto, ajustar prioridades o reconstruir consensos, opta por concentrar poder normativo vía decreto.

No es la primera vez que este Gobierno tensiona los límites institucionales cuando las reglas del juego no le son favorables. El problema no es solo jurídico; es democrático. Gobernar por excepción para suplir una derrota legislativa erosiona la separación de poderes y sienta un precedente delicado.

Al corte del 19 de diciembre, el decreto de emergencia aún no había sido expedido. Lo que circulaba eran borradores. Ese detalle no es menor. La eventual firma coincidiría con la antesala de la vacancia judicial, un período en el que la capacidad de control ciudadano y judicial se reduce de forma significativa.

La vacancia impide, en la práctica inmediata, que cualquier ciudadano active controles oportunos. El país entraría así a un régimen de excepción con normas en firme durante semanas, sin contradicción efectiva y con impactos económicos inmediatos. El momento elegido importa tanto como el contenido del decreto.

La Corte Constitucional decidirá, pero el costo político y la desconfianza institucional están sembrados.