EDITORIAL
Pensiones, subsidios, contratos y múltiples obligaciones que mueven buena la economía nacional toman como referencia el alza salarial.
La negociación del salario mínimo para 2026 avanzó esta semana entre tensiones técnicas y señales políticas contradictorias, mientras los sindicatos insistieron en un incremento del 16% y los gremios defendieron un ajuste más moderado de 7,21%.
El Gobierno recibió propuestas sustentadas en informes del DANE, Banco de la República, Planeación Nacional y los ministerios de Hacienda y Comercio, además de estudios de las centrales CUT y CGT, que advierten pérdida de poder adquisitivo, deterioro del salario real y encarecimiento de la canasta familiar.
El salario mínimo vigente para 2025 se fijó en 1.423.500 pesos sin auxilio de transporte, cifra que asciende a 1.623.500 pesos al incluir los 200.000 pesos adicionales, una referencia clave que sirve como punto de partida para determinar el ajuste requerido por los hogares.
Los sindicatos argumentan que un aumento del 16% es necesario para acercar el ingreso básico al valor real de la canasta, especialmente en sectores que enfrentan presiones de precios constantes, disparidades regionales y rezagos históricos en la remuneración de los trabajadores formales del país.
Los gremios, en cambio, plantearon un incremento del 7,21 por ciento sustentado en productividad, costos operativos, recuperación económica lenta y riesgos inflacionarios, alertando que un aumento elevado podría frenar la contratación, afectar márgenes y deteriorar la formalidad laboral en 2026.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que el Ejecutivo evaluará escenarios intermedios para acercar posiciones y garantizar un incremento real sin generar distorsiones, aunque evitó adelantar un porcentaje oficial hasta consolidar las propuestas de ambas partes y revisar el impacto macroeconómico.
Sanguino destacó un ambiente “franco y leal” en la mesa, aunque el debate reflejó divergencias profundas entre sindicatos y empresarios, especialmente sobre el peso de los indicadores de productividad, el comportamiento de las empresas.
AUMENTO RESPONSABLE
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, planteó públicamente que un aumento responsable debe igualar la inflación anual de 2025 más uno o dos puntos de productividad, una fórmula que, según dijo, garantizaría la preservación del poder adquisitivo sin generar presiones adicionales.
Con base en las cifras preliminares, Sánchez estimó que el ajuste debería ubicarse entre 6,5 y 7,5 por ciento, un rango considerablemente menor al propuesto por las centrales obreras y muy similar a la postura defendida por otros gremios empresariales preocupados por la desaceleración económica.
El dirigente cuestionó que el Presupuesto Nacional ya contemple un incremento del 11% para 2026, lo que a su juicio reduce la credibilidad de la mesa de concertación y desconoce los análisis técnicos del Banco de la República, Fedesarrollo y otros centros especializados.
Según Sánchez, un ajuste predeterminado convertiría la mesa en un trámite, pues enviaría una señal de que las decisiones ya están tomadas sin considerar las variables económicas actualizadas ni las advertencias de los sectores productivos sobre la capacidad real de generación de empleo.
El presidente de Andesco advirtió que un aumento de dos dígitos podría profundizar la informalidad, actualmente en cincuenta y seis por ciento, un nivel que refleja la fragilidad del mercado laboral y las dificultades de miles de empresas para soportar incrementos salariales abruptos.
REZAGO SALARIAL
Los sindicatos sostienen que el verdadero riesgo radica en perpetuar el rezago salarial, pues la inflación golpea más a los hogares de ingresos bajos, que destinan la mayoría de sus recursos a alimentación, servicios públicos, transporte y vivienda.
El DANE reveló que la inflación anual de noviembre se ubicó en 5,3 por ciento, una desaceleración más lenta de lo esperado, que mantiene presiones en rubros sensibles y complica la posibilidad de un ajuste elevado sin generar efectos indeseados en los precios al consumidor.
Expertos coinciden en que un aumento desproporcionado podría revertir los avances recientes en desinflación, aunque advierten que un incremento demasiado bajo también afectaría la demanda interna, el consumo de los hogares y la recuperación económica prevista para el próximo año.
El Gobierno deberá equilibrar estas dos tensiones, en un escenario donde el crecimiento económico se mantiene débil, el crédito continúa costoso y varios sectores productivos enfrentan márgenes estrechos, especialmente aquellos intensivos en mano de obra y con baja productividad.
La mesa busca construir una fórmula que contemple salario real, productividad y sostenibilidad empresarial, pero también un mensaje político claro sobre compromiso social en un momento en que la desigualdad y el malestar por el costo de vida continúan siendo preocupaciones centrales.
Si no hay acuerdo, el Gobierno podrá fijar el salario mínimo por decreto, una posibilidad que presiona a las partes a buscar consensos antes de que el debate escale a una decisión unilateral que podría generar inconformidades. El primer plazo para un llegar a un consenso vence el 15 de diciembre.
