EDITORIAL
El mensaje del presidente revela una dificultad evidente, que el Gobierno no ha logrado construir una coalición funcional para aprobar sus reformas económicas.
Lo ocurrido esta semana en el Congreso no fue simplemente una sesión fallida. Fue un síntoma de la precariedad política del Gobierno y del desgaste institucional alrededor de una de las decisiones fiscales más importantes del año: la reforma tributaria o ley de financiamiento. Lo que debía ser una votación técnica terminó convertido en un prolongado forcejeo entre el Ministerio de Hacienda, la oposición y una mesa directiva confundida, que dejó al proyecto prácticamente hundido.
La sesión arrancó tarde, tras una plenaria que ya había tensado los ánimos. Las comisiones económicas reanudaron la votación de la ponencia de archivo, que ya había sido aprobada por las comisiones Tercera y Cuarta del Senado. Para la oposición, ese hecho bastaba para frenar cualquier intento de continuar con el trámite. Pero el presidente de la sesión, el representante Wilmer Castellanos, interpretó el reglamento de otra forma y habilitó la palabra para el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Ese gesto abrió la puerta a una confrontación mayor.
Ávila no se limitó a defender técnicamente la reforma. Cuestionó a quienes “no querían escuchar” y remató afirmando que el Congreso actuaba movido por “una vendetta contra el Gobierno”. La frase prendió fuego a una sala que ya venía irritada. Senadores como Carlos Meisel reaccionaron acusándolo de incoherente, mientras Juan Felipe Lemus escaló el tono al llamarlo “ignorante” en materia tributaria. Efraín Cepeda sentenció lo que muchos pensaban: la reforma estaba muerta.
Pese al ambiente, Castellanos decidió abrir la votación de la ponencia positiva —la del Gobierno— en la Comisión Cuarta de la Cámara. Pero el quórum se diluyó. La senadora Angélica Lozano acusó al Gobierno de sacar a sus propios aliados para evitar una derrota formal.
Otros legisladores denunciaron vicios de procedimiento, manipulación de votos y confusión en el manejo de la sesión. Tras más de una hora de intervenciones cruzadas, Castellanos levantó la sesión. La discusión se aplazó para esta semana, aunque políticamente el proyecto parece sin salida.
La historia recuerda la reforma del año pasado, que también naufragó en las comisiones económicas. Pero esta vez el escenario es más complejo: la holgura política del Gobierno es menor y el margen fiscal del país es más estrecho.
Petro sube la temperatura
Mientras el Congreso se enredaba, el presidente Gustavo Petro encendía alarmas desde su cuenta en X. En un mensaje largo y cargado de acusaciones, responsabilizó al Banco de la República por mantener altas las tasas de interés y al Congreso por “ahorcar financieramente” al país. Para Petro, ambas instituciones estarían actuando desde una motivación política, con efectos directos sobre la deuda y el déficit.
El mandatario reiteró que Colombia se acerca a una emergencia económica si no se aprueba la ley de financiamiento. En su diagnóstico, el país no se está endeudando por nuevos gastos, sino por la necesidad de refinanciar deudas antiguas con créditos más costosos, algo que atribuye a la postura del banco central. De paso, señaló a expresidentes, exministros y a la Corte Constitucional como responsables de decisiones que, según él, agravaron la fragilidad fiscal.
El mensaje del presidente revela una dificultad evidente, que el Gobierno no ha logrado construir una coalición funcional para aprobar sus reformas económicas. Tampoco ha conseguido convencer al país de que esta tributaria es un ajuste necesario y no un parche improvisado para un déficit creciente.
El trasfondo fiscal: urgencias verdaderas, soluciones trabadas
El problema de fondo es que los números no esperan. Colombia enfrenta un déficit ampliado tras la caída de los ingresos petroleros, el fallo de la Corte Constitucional que recortó la reforma de 2022 y el pago acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El espacio de recorte es limitado, pues la mayor parte del gasto es rígido. Y el aumento del costo de la deuda, producto de tasas reales altas, reduce aún más el margen.
La tributaria buscaba recuperar ingresos y evitar que la inversión pública se convirtiera en la variable de ajuste. Pero la incapacidad política para tramitarla expone la paradoja central del Gobierno, que aunque advierte sobre la urgencia fiscal, ha sido incapaz de articular apoyos estables ni dentro del Congreso ni dentro de su propia coalición.
Lo que queda claro
El episodio deja tres conclusiones centrales: primero, el proyecto está prácticamente hundido y será muy difícil que sobreviva a estas fracturas; segundo: el Gobierno entró en una etapa de mayor fragilidad política, ya que no enfrenta solo a la oposición, sino también a la descoordinación interna y a su propia estrategia comunicativa; y tercero, el deterioro fiscal continúa avanzando mientras la maquinaria política se atasca.
La próxima semana continuarán las discusiones, pero la reforma tributaria llegó ya golpeada y sin mayorías claras. Y Colombia sigue sin una hoja de ruta fiscal definida en un momento en que más la necesita.
