El planteamiento se enmarca en la crítica que el presidente ha sostenido contra el modelo de aseguramiento en salud, al que considera un fracaso.
El presidente Gustavo Petro volvió a sacudir el debate sobre el sistema de salud colombiano al plantear, durante el Consejo de Ministros, la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que hoy se encuentran bajo intervención estatal. La propuesta surge tras un concepto del Consejo de Estado que redefine el uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pieza clave en la financiación del sistema.
El pronunciamiento del alto tribunal respondió a una consulta del Ministerio de Salud sobre la aplicación del principio de anualidad a la UPC. La Sala concluyó que dicho principio no es aplicable, ya que estos recursos no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que tienen naturaleza parafiscal y una destinación específica: financiar el Plan de Beneficios en Salud (PBS) de los afiliados.
En la práctica, el concepto abre la puerta para que los recursos de la UPC puedan utilizarse para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que estas no estén vencidas ni comprometan la atención de los pacientes. Para el Gobierno, esta interpretación modifica las reglas bajo las cuales se venía manejando la financiación del sistema. Para el presidente Petro, en cambio, el escenario plantea un riesgo mayor.
El argumento del Ejecutivo
Petro advirtió que permitir que los recursos destinados a la atención actual se usen para pagar pasivos del pasado puede afectar directamente la prestación de los servicios. A su juicio, las EPS intervenidas quedarían atrapadas en una lógica financiera insostenible, en la que los recursos presentes se destinan a tapar huecos históricos sin resolver los problemas estructurales del modelo.
“Es mejor liquidarlas que tenerlas”, afirmó el mandatario, al sostener que mantener entidades que solo pagan deudas antiguas con recursos nuevos equivale a un “barril sin fondo”. Incluso fue más allá al señalar que usar los giros actuales para cubrir obligaciones pasadas podría constituir una “estafa al Estado”, una postura que contrasta con el concepto del Consejo de Estado.
El planteamiento se enmarca en la crítica de fondo que el presidente ha sostenido contra el modelo de aseguramiento en salud, al que considera un fracaso. Según Petro, los principales indicadores del sistema no han mostrado mejoras sustanciales en más de una década y las deudas acumuladas son evidencia de una crisis que persiste incluso bajo la intervención del Estado.
¿Han funcionado las intervenciones?
Las cifras oficiales alimentan el debate. A mediados de 2025, las EPS bajo vigilancia especial acumulaban pasivos superiores a los 12,8 billones de pesos, mientras que las deudas totales de 29 EPS ascendían a cerca de 39 billones, en su mayoría originadas en administraciones anteriores.
El caso de Nueva EPS se ha convertido en un ejemplo emblemático. Entre junio y diciembre de 2024, ya bajo intervención estatal, su deuda aumentó cerca de un billón de pesos y las quejas de los usuarios se dispararon a comienzos de 2025, especialmente por retrasos en la entrega de medicamentos. Pese a ello, la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la intervención por un año más, mientras el Ministerio de Salud sostuvo que la crisis no era consecuencia directa de la medida, lo que avivó las dudas sobre su efectividad.
Desde el punto de vista legal, el Gobierno sí tiene la facultad de liquidar EPS intervenidas. No obstante, esa decisión implica una obligación clave: garantizar la continuidad de la atención, el traslado ordenado de los afiliados y la provisión de medicamentos y tratamientos, especialmente para pacientes de alto riesgo.
La UPC, como principal fuente de financiación del sistema, está en el centro de la discusión. Aunque se fija anualmente, su carácter parafiscal implica que la restricción no está en el año de giro, sino en su uso exclusivo para fines de salud.
La preocupación ciudadana
Las declaraciones del presidente también generaron inquietud entre los usuarios. En redes sociales, varios ciudadanos advirtieron que una liquidación mal planificada podría convertirse en un “tiro en el pie” para miles de pacientes. La preocupación no es abstracta: hace apenas dos semanas, usuarios de Nueva EPS salieron a protestar en varias ciudades por la falta de medicamentos, un síntoma de una crisis que ya se vive en el día a día.
Hoy, además de Nueva EPS, permanecen intervenidas entidades como Coosalud, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Capresoca, que en conjunto agrupan a millones de afiliados.
Con el nuevo escenario jurídico, la discusión de fondo sigue abierta: si las intervenciones han servido para estabilizar el sistema y proteger a los usuarios, o si, por el contrario, han prolongado una crisis.