Colombia ya comenzó a correr la carrera del 2026. No es una maratón, sino una competencia de velocidad dividida en cuatro sprints donde cada movimiento, cada alianza y cada decisión regulatoria tiene peso. Y aunque la política suele parecer un asunto lejano a los tableros empresariales, esta vez no lo es: el desenlace definirá el modelo económico y la estabilidad institucional de la próxima década.
Los datos presentados esta semana por el Grupo de Análisis Político (GDP) y Cauce ante el sector asegurador son un mapa claro del tablero que viene. Según las mediciones, el 52 % de los colombianos decide su voto con seis meses de anticipación. En un país con elecciones en mayo de 2026, eso significa que las decisiones políticas que se tomen antes de noviembre de 2025 ya estarán definiendo el resultado. Quien llegue tarde, pierde por calendario, no por carisma.
El primer sprint —la consulta del Pacto Histórico— ya se corrió, y el gobierno ganó su propio juego. Con más de 1,5 millones de votos, el petrismo consolidó candidato, narrativa y maquinaria. La oposición, en cambio, aún no define si correrá unida o fragmentada entre tres bandos: el Frente Amplio, los Independientes y el bloque de Unión + Experiencia + Futuro.
Mientras tanto, la derecha busca su figura entre reuniones discretas y viejas fotos. En términos corporativos, el gobierno tiene producto, branding y equipo de ventas; los demás siguen en fase de prototipo.
Pero el verdadero desafío no está solo en las urnas. Está en el entorno institucional que se avecina. La presentación mostró un cronograma que corre en paralelo: mientras el país entra en modo electoral, el Ejecutivo prepara la Asamblea Constituyente. Su lanzamiento está previsto para octubre, las firmas se recogerán en plena campaña y su eventual instalación coincidiría con el nuevo Congreso.
Traducido al lenguaje empresarial: la regla de juego podría cambiar al mismo tiempo que se elige al árbitro.
Para los mercados, la lectura es inequívoca. Los indicadores de riesgo regulatorio muestran un repunte en la emisión de decretos —un comportamiento típico del cierre de gobierno— y un radar antiempresa que identifica ministerios con niveles altos de intervencionismo en salud, trabajo, minas, ambiente e igualdad. En paralelo, el salario mínimo ha crecido muy por encima de la inflación, tensionando el empleo formal y el costo de capital humano.
La historia reciente enseña que cada fin de mandato trae hiperactividad normativa, pero esta vez el riesgo es mayor: se combina con un discurso de refundación política y un entorno institucional frágil.
El otro dato relevante es el de presencia de agenda. Mientras el gobierno mantiene una visibilidad constante —según Google Trends, muy superior a la de su antecesor—, la oposición no logra disputar el relato nacional. Petro no reacciona: produce la crisis, la comunica y la capitaliza. Entiende que la opinión pública es una economía de atención, y en esa economía quien genera conversación gobierna más que quien administra.
Para los C-levels, esto no es una lectura de coyuntura: es una advertencia estratégica.
El ciclo 2025–2026 será determinante para planificar inversión, riesgo y comunicación corporativa. Ignorar la política hoy sería tan costoso como ignorar la inflación en 2022 o el dólar en 2020. Las empresas deben anticipar escenarios, no esperar comunicados.
Entender que los cuatro sprints del poder —consultas, legislativas, primera vuelta y segunda vuelta— no son solo fases electorales, sino cuatro momentos de impacto regulatorio, fiscal y reputacional.
El país se adentra en un bienio donde se jugarán las reglas del mercado, la estabilidad jurídica y el modelo de desarrollo.
Los empresarios no pueden correr por fuera de la pista
El verdadero reto será sostener la competitividad y la confianza en medio del ruido político. Porque, al final, los que deciden con tiempo no son solo los votantes. Son también los que saben leer las señales antes de que empiece la carrera.