Las cuentas revelan aportes de empresas sin ingresos y reabren el debate de quién financió realmente la campaña de Cepeda y Carolina Corcho.
Una microempresa registrada en Barranquilla, sin ingresos reportados por actividad ordinaria, aparece como el principal financiador de la campaña del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
Así lo evidencian certificados oficiales de la Cámara de Comercio, los reportes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la relación de donaciones presentada por la propia campaña.
La empresa es Samat Publicidad SAS, clasificada como microempresa y con ingresos por actividad ordinaria reportados en cero pesos, según certificación expedida el 15 de enero de 2026 por la Cámara de Comercio de Barranquilla. Pese a ese registro, Samat donó $609.399.000 a la campaña de Cepeda, convirtiéndose en el mayor aportante individual.
El certificado de existencia y representación legal de Samat Publicidad SAS señala:
En paralelo, el Anexo 1.2A del Fondo Nacional de Financiación Política, radicado ante el Consejo Nacional Electoral, consigna a Samat Publicidad SAS como donante por $609.399.000.
El mismo documento registra una donación adicional de $116.151.000 a nombre de Javier Antonio Pérez Páez, identificado como representante legal de la empresa.
En conjunto, ambos aportes suman más de $725 millones, equivalentes a cerca del 75% de los $964 millones que la campaña reportó como gastos totales.
La normativa electoral colombiana fija topes máximos de gasto –para esta consulta, $6.080 millones– y exige reportar ingresos y egresos a través de la plataforma Cuentas Claras. En ese marco, la campaña de Cepeda no superó el tope y declaró formalmente los aportes.
Sin embargo, la procedencia económica de los recursos ha despertado cuestionamientos públicos por la desproporción entre la capacidad financiera declarada del aportante y el monto donado.
Las imágenes satelitales disponibles de agosto de 2024 ubican a Samat Publicidad SAS en un pequeño local comercial en una esquina del centro de Barranquilla. Ese dato coincide con la clasificación como microempresa y contrasta con el tamaño del aporte político.
La información fue recopilada y difundida inicialmente por el periodista Melquisedec Torres, quien publicó en su cuenta de X los soportes documentales: certificaciones mercantiles, pantallazos de Cuentas Claras y la relación oficial de donaciones.
Torres subrayó que Samat no reporta ingresos por actividad ordinaria, pero figura como financiador mayoritario de la campaña.
La versión de la campaña
Hasta el cierre de esta edición, no se ha anunciado una investigación formal del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre estos aportes.
La campaña de Cepeda ha sostenido que los recursos fueron reportados conforme a la ley y que no existe prohibición para que una microempresa realice donaciones, siempre que se respeten los topes y se identifique al aportante.
No obstante, expertos en financiación política consultados por este medio recuerdan que el sistema es declarativo, y que la verificación de la capacidad económica real de los donantes no ocurre en tiempo real, sino –si ocurre– mediante investigaciones posteriores.
Un precedente incómodo en año electoral
La revelación se produce en la antesala de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en un ambiente de alta polarización. Sin imputar responsabilidades penales o administrativas –que competen exclusivamente a las autoridades–, el caso vuelve a poner en discusión la solidez de los controles sobre el origen del dinero en la política.
En términos estrictamente documentales, los hechos son estos: una microempresa, con $0 de ingresos ordinarios reportados y $20 millones de capital pagado, financió con más de $600 millones la campaña de un precandidato presidencial. Todo consta en certificados oficiales y reportes del propio candidato ante el CNE.
Las cuentas de Carolina Corcho
Mientras la campaña para la consulta de Iván Cepeda se financió casi en su totalidad con donaciones de una microempresa barranquillera, la de Carolina Corcho presentó una estructura atípica de préstamos, según los reportes entregados al CNE, con gastos declarados por $1.428 millones.
Se trata de Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU, un restaurante de corrientazos con nombre francés en el extremo sur de Bogotá, que aportó $737,7 millones pese a figurar disuelto y en proceso de liquidación desde abril de 2025.
Según los registros mercantiles, la empresa tenía un capital inferior a $2 millones, no reportaba ingresos y aparece domiciliada en la carrera 77 No. 69 B - 72 Sur de Bogotá, una dirección que no es posible ubicar mediante herramientas de geolocalización como Google Maps.
El 48% restante de los gastos de la campaña de Corcho se financió mediante 41 préstamos de personas naturales, una composición que contrasta con el esquema de aportes reportado por la campaña de Cepeda ante la autoridad electoral.
La evaluación de su legalidad y eventuales consecuencias queda ahora en manos de las autoridades electorales.