Nuevo pasaporte de Colombia está atrapado entre la tecnología y la ley

Para la Procuraduría General de la Nación, el entusiasmo gubernamental oculta graves irregularidades en el tema de los pasaportes.

El nuevo modelo de pasaportes que el presidente Gustavo Petro está promoviendo como un salto tecnológico para Colombia podría tener los días contados. La admisión de una demanda de nulidad por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, abre un frente judicial que pone en entredicho el contrato de 1,3 billones de pesos firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal. 

En el fondo, el caso revela un dilema mayor, es decir, que existe una tensión entre la urgencia política de mostrar avances y las reglas que rigen la contratación pública.

El argumento del progreso tecnológico

Desde el Palacio de Nariño, el presidente Petro defendió el convenio como una oportunidad para posicionar al país en la vanguardia internacional. 

“La Imprenta Nacional quedará como una de las empresas de vanguardia tecnológica en el mundo de la impresión de documentos de identificación. Sería el cuarto mejor pasaporte del mundo”, aseguró el mandatario.  

El Gobierno sostiene que el nuevo modelo cumple con los más altos estándares de seguridad internacional, equiparables a los de países europeos, y que permitirá reducir los costos de producción a largo plazo.

Según la Cancillería, el proyecto avanza “sin contratiempos” y no existe ningún fallo judicial que impida su ejecución. En un comunicado, la entidad aclaró que “el inicio de un proceso contencioso contractual en ningún momento significa la existencia de fallo en contra de la Cancillería colombiana”, y reiteró que continuará la expedición de pasaportes bajo el contrato vigente.

La advertencia de la Procuraduría

Pero para la Procuraduría General de la Nación, el entusiasmo gubernamental oculta graves irregularidades.

El procurador delegado para la vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, calificó el proceso como “un compendio de improvisaciones que van desde la estructuración del proceso hasta lo que tenemos hoy”. Según su análisis, la Cancillería habría utilizado una figura de contratación interadministrativa para evitar una licitación pública, pese a que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica para asumir la totalidad del contrato.

El ente de control sostiene que, ante esa falta de capacidad, se acudió a una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que constituiría una subcontratación encubierta. En palabras del Ministerio Público: “Se evidencia una subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la Imprenta Nacional, lo que conduce a señalar que debió contratarse a alguien idóneo, en el marco de un proceso competitivo”.  

Además, el recurso cuestiona el uso del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que permite contratar directamente con organismos internacionales, al considerar que la participación financiera portuguesa fue apenas del 21%, cuando la ley exige un mínimo del 50%. Esta diferencia, según la Procuraduría, invalida la base legal del contrato.

Un tribunal en el centro del debate

El magistrado José Élver Muñoz Barrera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, será el encargado de evaluar las pruebas presentadas y decidir si el contrato incurrió en violaciones al régimen de contratación pública. De declararse la nulidad, el país enfrentaría un complejo escenario: el retorno a un modelo anterior o el inicio de un nuevo proceso de licitación que podría tardar meses, afectando la expedición de pasaportes a miles de ciudadanos.

Por ahora, el Tribunal ordenó notificar a las partes involucradas —el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal— para que presenten sus descargos. En paralelo, la Procuraduría solicitó la “restitución integral de las sumas de dinero recibidas como contraprestación del convenio cuya anulación se persigue”, lo que podría implicar millonarias devoluciones.

Dos visiones en pugna

La controversia refleja dos visiones enfrentadas sobre la gestión pública en Colombia. Por un lado, la visión presidencial, que impulsa la modernización estatal como símbolo de soberanía tecnológica y de independencia frente a contratistas extranjeros. Por otro, la visión institucional de control, que insiste en la observancia estricta de los procesos legales para evitar precedentes de contratación directa que vulneren la transparencia.

El caso de los pasaportes, en ese sentido, no solo es una disputa jurídica, sino un espejo de las tensiones políticas dentro del Gobierno Petro. Mientras la Cancillería insiste en que “todo sigue bajo control”, la Procuraduría sostiene que el contrato es el reflejo de una gestión improvisada. La pregunta de fondo es si la búsqueda de eficiencia tecnológica puede justificar la flexibilización de los procedimientos legales.

De fondo, está el prestigio del Estado colombiano en materia de contratación pública y la capacidad del Ejecutivo para ejecutar sus proyectos sin tropiezos legales. Si el Tribunal falla a favor de la Procuraduría, el país podría enfrentar un nuevo cuello de botella en la expedición de pasaportes, justo cuando la demanda crece por la reapertura de fronteras y la migración regional.

Sin embargo, si la justicia respalda la legalidad del convenio, Petro podría anotar una victoria política que refuerce su narrativa de transformación institucional. La apuesta por el “cuarto mejor pasaporte del mundo” podría convertirse en símbolo de innovación estatal, o en un costoso tropiezo jurídico.  

Por ahora, el proceso apenas comienza, pero su desenlace podría definir mucho más que un documento de viaje: podría sentar precedente sobre cómo el Estado colombiano equilibra la eficiencia, la legalidad y la transparencia en la era de la modernización pública.