Cuatro décadas después, la justicia colombiana aún no ha logrado establecer toda la verdad de lo sucedido durante la toma y retoma del palacio.
Han pasado 40 años desde los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia ardió y con él se consumió la confianza del país en sus instituciones. Cuatro décadas después, las sombras de aquella tragedia siguen vivas: muchas investigaciones, pocas condenas y un largo camino de impunidad.
A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando de 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el Palacio bajo la operación “Antonio Nariño por los derechos del hombre”. Su objetivo, era someter al entonces presidente Belisario Betancur a un juicio político por incumplir los acuerdos de paz firmados en Corinto. Sin embargo, la toma se transformó en una masacre: 94 personas murieron, 12 desaparecieron y el símbolo de la justicia colombiana quedó reducido a cenizas.
La toma y la respuesta militar
La operación fue planeada durante seis meses en una casa del centro de Bogotá. Luis Otero y Álvaro Fayad fueron sus estrategas, y Andrés Almarales estuvo al frente del comando. Años más tarde, se conoció que el narcotraficante Pablo Escobar habría financiado el ataque para destruir expedientes de extradición.
El país recuerda las súplicas del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, quien imploró por radio un cese al fuego que nunca llegó. Tras 28 horas de enfrentamientos, el Ejército retomó el edificio “a sangre y fuego”. Las imágenes de los tanques disparando sobre la sede judicial recorrieron el mundo y marcaron una herida profunda en la historia nacional.
Investigaciones sin condenas
Cuatro décadas después, la justicia colombiana aún no ha logrado establecer toda la verdad. Eduardo Carreño, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y representante de las víctimas, asegura que “las señales previas del ataque nunca fueron investigadas”.
Tres días antes de la toma, el Gobierno y la Policía retiraron la vigilancia de 24 agentes que custodiaban el edificio, dejando solo seis celadores privados. “El propio presidente Betancur reconoció públicamente que asumía toda la responsabilidad, pero nunca fue investigado”, señala Carreño.
Tampoco se ha aclarado la posible participación de Estados Unidos durante la retoma. De acuerdo con el abogado, la embajada norteamericana habría facilitado equipos de radiocomunicación y enviado un avión con expertos en explosivos desde Carolina del Norte para dinamitar las placas de los baños donde se refugiaban rehenes y guerrilleros. “Esa información solo se conoció 30 años después, cuando se desclasificaron documentos estadounidenses”, añade.
En el ámbito judicial, las condenas son contadas: el general Jesús Armando Arias Cabrales recibió 35 años de prisión; el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, 40; y el general Iván Ramírez Quintero, 31, todos por desaparición forzada. En contraste, el coronel Alfonso Plazas Vega fue absuelto en 2015 por “dudas razonables”.
Varios de estos oficiales intentaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero fueron expulsados por no aportar verdad. Desde 2014, once miembros de la fuerza pública están investigados por torturas a 14 víctimas, pero la Fiscalía aún no ha definido su situación.
Los desaparecidos del Palacio
La impunidad también se refleja en el drama de los desaparecidos. Decenas de personas fueron detenidas y conducidas a la Casa del Florero, donde eran interrogadas y torturadas antes de ser trasladadas a instalaciones militares. Muchos nunca regresaron.
La mayoría de las víctimas eran empleados de la cafetería o visitantes ocasionales. Los restos se entregaron mezclados, sin verificación científica.
Gracias a las pruebas de ADN, entre 2015 y 2019 se identificaron los cuerpos de seis de los desaparecidos, entre ellos los de Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao. Pero aún faltan varios por encontrar, incluidos los magistrados auxiliares Carlos Julio Andrade y Carlos Alberto Echeverri.
La Ley 77 de 1989, que otorgó el indulto al M-19, selló otra página de impunidad. La norma benefició a los responsables de delitos políticos, incluyendo la toma del Palacio. En febrero de 1990, los líderes del movimiento dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil.
La memoria de Helena Urán
Helena Urán Bidegain tenía diez años cuando la tragedia golpeó su vida. Su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, fue asesinado durante la retoma por miembros de la Fuerza Pública, según determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Recuerdo tanques pasando frente a mi casa y el fuego cruzado. Fue como ver al país destruirse a sí mismo”, relata. Por años, su familia creyó que su padre había muerto en combate, hasta que la fiscal Ángela María Buitrago halló su billetera en una bóveda militar. Posteriormente, una exhumación demostró que fue torturado y ejecutado, y un video de Noticias Uno confirmó que había salido con vida del Palacio.
La CorteInteramericana condenó al Estado en 2014, y el entonces presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad, aunque las investigaciones no han avanzado. “Las víctimas seguimos esperando verdad y sanciones”, afirma Helena, hoy politóloga y autora de Mi vida y el Palacio, libro en el que relata su infancia marcada por la violencia y el exilio.
Actualmente prepara una nueva obra, ‘Desenredar los nudos’, que saldrá publicada este noviembre. “Escribo sobre el retorno a Colombia, las disputas por el relato y mis esfuerzos por lograr que los militares reconozcan su papel”, explica. También creó la fundación Carlos H. Urán, memoria para la democracia, desde donde impulsa debates sobre justicia y memoria.
Cuatro décadas después, el país sigue buscando respuestas. Las familias de los desaparecidos no han recibido la verdad completa; las instituciones aún se debaten entre el silencio y la responsabilidad; y el fuego del Palacio de Justicia sigue ardiendo en la memoria colectiva.