Polémica por cifras de cultivos de coca reaviva debate sobre lucha antidrogas
Durante la pandemia, el confinamiento y el aumento del consumo global aceleraron la producción de coca.
El debate sobre los cultivos de coca volvió al centro del escenario político colombiano tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que en 2024 las hectáreas solo aumentaron un 3%, alcanzando 262.000. Pidió analizar las cifras con contexto y distinguir áreas productivas de zonas abandonadas.
El mandatario cuestionó la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a la que acusa de ofrecer mediciones imprecisas. Sostiene que los informes internacionales no reflejan la realidad del terreno ni diferencian entre áreas erradicadas y zonas efectivamente cultivadas.
Petro aseguró que las llamadas zonas de enclave se mantienen por el aumento del consumo en mercados como Europa, el Cono Sur y Australia. En contraste, explicó que la producción en la Amazonía disminuye porque el consumo en Estados Unidos alcanzó su tope y el fentanilo desplazó la cocaína.
“En un año los cultivos crecieron 111% en 2013 bajo Santos y 42% en 2021 con Duque; en dos años de gobierno solo crecieron 12% en 2023 y 2024”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X al comparar los incrementos actuales con los de gobiernos anteriores.
La lectura del presidente coincide parcialmente con analistas del narcotráfico, quienes advierten que el incremento en la producción no comenzó con el actual gobierno. Según una experta consultada por Acento, la tendencia al alza empezó en 2016, tras la salida de las Farc, que actuaban como reguladoras del mercado cocalero.
“Las Farc eran un actor que controlaba cuándo y cuánto se sembraba; sin ellas, todo quedó en manos de la oferta y la demanda. Desde entonces, la producción de cocaína ha respondido más a factores globales (consumo, precios, rutas) que a políticas nacionales específicas”, explicó Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Durante la pandemia, el confinamiento y el aumento del consumo global aceleraron la producción. La demanda internacional impulsó una mayor productividad por hectárea, con cultivos más eficientes y una cadena de valor especializada. Hoy, los grupos colombianos se concentran en producir y dejan la distribución a redes internacionales.
“Ya no hay un cartel que controle toda la cadena. Los productores colombianos ponen la cocaína en la frontera y de ahí en adelante otros se encargan. En esa estructura, el Eln facilita pasos hacia Venezuela, y redes brasileñas o ecuatorianas completan el trayecto”, precisó la analista a Acento.
¿PRETEXTO PARA LA DESCERTIFICACIÓN?
Durante más de dos décadas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha sido la fuente principal de las cifras sobre cultivos de coca y producción potencial de cocaína en Colombia. Es una referencia confiable para países como Estados Unidos, que basó en esos datos la descertificación de Colombia este año.
Esa decisión generó controversia en el gobierno colombiano, que calificó de ideológica la posición de Washington. Al mismo tiempo, el Ejecutivo insistió en que las cifras de la ONU, usadas como pretexto, estaban distorsionadas.
El pasado 6 de octubre, la oficina regional para los Andes y el Cono Sur reconoció públicamente limitaciones técnicas, presupuestales y de seguridad en su modelo de medición.
“UNODC reconoce que estos datos enfrentan limitaciones propias de los estudios científicos, como factores presupuestales y de seguridad que han impactado la frecuencia de actualización en varias regiones”, señaló la entidad en un comunicado.
El reconocimiento se dio tras los cuestionamientos por el salto del 53% en la producción potencial de cocaína durante 2023.
Durante el gobierno de Iván Duque, la oficina dejó de medir la situación en zonas críticas del Pacífico y en Putumayo, regiones con alta densidad productiva. Petro afirmó que esa omisión distorsionó los resultados y duplicó las estimaciones.
“Ahora sabemos por qué se duplicó: compararon un año que no era comparable (...) Los señores cometieron el error de no hacer más pruebas de productividad”, dijo en su momento el presidente Petro.
TRUMP Y SU
AGENDA POLÍTICA
La retórica antidrogas del presidente estadounidense Donald Trump introduce un componente político, quien ha acusado a Colombia, Venezuela y México de actuar coordinadamente.
Expertos consideran que su discurso busca fortalecer su agenda electoral y posicionar una narrativa de seguridad para su base política.
“Trump no libra una guerra contra las drogas, sino que usa ese discurso para fortalecer su agenda interna, presionar una ruptura con China y consolidar su relato electoral. Esa narrativa refuerza una visión geopolítica en la que América Latina se vuelve territorio de disputa”, sostuvo Laura Bonilla, de Pares.
Sin embargo, la discusión trasciende las cifras. “El problema de fondo sigue siendo estructural: la persistencia de la demanda global. La única manera de acabar con los cultivos es que el mercado deje de comprar. Sin reducir la demanda, cualquier esfuerzo será insuficiente”, afirmó la experta.
Esta mirada coincide con el giro discursivo del gobierno, que propone enfocar la política antidrogas en las redes financieras y logísticas, no en los campesinos. En un país donde la economía cocalera se entrelaza con realidades sociales, el debate refleja una pugna política e ideológica sobre el rumbo futuro.
