EDITORIAL
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Procuraduría frena decreto que amenazaba el empleo formal
Redacción Acento
El Ministerio del Trabajo acogió las observaciones y aceptó revisar la regulación con una mesa técnica.
La advertencia de la Procuraduría General de la Nación logró frenar uno de los ajustes regulatorios más sensibles del Ministerio del Trabajo. El proyecto de decreto que restringía la operación de las Empresas de Servicios Temporales (EST) quedó en pausa tras alertas sobre su impacto laboral.
El Ministerio del Trabajo decidió acoger las observaciones del órgano de control y desistió de imponer un límite del 10% a la contratación en misión. La medida buscaba modificar el Decreto Único Reglamentario del sector, pero encendió alarmas institucionales.
Detrás del reparo no hubo una discusión ideológica, sino una advertencia técnica. La Procuraduría señaló fallas en el trámite y riesgos sustanciales para la estabilidad de casi medio millón de trabajadores formales que hoy dependen de esta modalidad contractual.
El peso de las cifras
Según los estudios citados por el Ministerio Público, las Empresas de Servicios Temporales generaron más de 50.000 empleos formales en 2025 y mantienen actualmente a 474.188 trabajadores en misión, equivalentes al 4,8% del empleo formal dependiente.
Para la Procuraduría delegada para Asuntos del Trabajo, restringir esta figura sin una transición clara podía dejar sin sustento jurídico miles de contratos vigentes, especialmente en sectores productivos donde la flexibilidad laboral resulta clave para sostener operaciones.
Uno de los puntos más críticos fue la intención de prohibir el trabajo en misión para actividades vinculadas al objeto social de las empresas usuarias. El ente de control advirtió que esa limitación desdibujaba el marco legal vigente y abría la puerta a conflictos laborales masivos.
El segundo reparo fue aún más contundente. Establecer un tope rígido del 10% al personal contratado bajo esta modalidad fue calificado como una barrera artificial, sin sustento técnico, que podría traducirse en despidos, informalidad o tercerizaciones menos protegidas.
Mesa técnica y correcciones
Ante la advertencia, el Ministerio del Trabajo no solo ajustó el borrador del decreto, sino que aceptó crear una mesa técnica preventiva conjunta, liderada por la Procuraduría, para discutir cualquier cambio regulatorio con empresarios, trabajadores y expertos.
El objetivo será acompañar el proceso reglamentario y evitar decisiones unilaterales que comprometan derechos adquiridos. La señal institucional es clara: regular no puede significar poner en riesgo empleo formal en un mercado laboral ya frágil.
El episodio deja una lección de fondo. En materia laboral, las reformas requieren datos, gradualidad y diálogo. La intervención preventiva de la Procuraduría evitó que una decisión administrativa se convirtiera en un choque innecesario contra la estabilidad laboral del país.
