Por Cristian Verbel – Director General
Colombia asiste a un choque institucional de alto calibre. Diecisiete gobernadores han anunciado que no aplicarán algunos de los decretos expedidos por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica. Desde la Casa de Nariño se habla de “rebelión” y de posibles acciones legales. Desde las regiones se responde con una palabra menos estridente, pero más profunda: Constitución. La pregunta de fondo no es estructural: ¿estamos ante una insubordinación política o ante el ejercicio legítimo de una responsabilidad constitucional?
Tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, el Ejecutivo declaró la emergencia económica y expidió decretos que modifican, entre otros, el impuesto al consumo y el IVA sobre licores y tabacos. El Gobierno argumenta urgencia fiscal y necesidad de recaudo para sostener el presupuesto de 2026. Los gobernadores, reunidos en la Federación Nacional de Departamentos, advierten algo distinto: un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de los departamentos y para la prestación de servicios esenciales como salud y educación, cuya financiación depende en buena parte de esos tributos.
Aquí está el punto jurídico que ha sido minimizado, con ligereza, al calificativo de “desobediencia”. Los mandatarios regionales no han llamado al desconocimiento del orden constitucional. Han anunciado, por el contrario, el uso de mecanismos previstos en la propia Carta: acciones de tutela, solicitudes directas a la Corte Constitucional y, en algunos casos, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Esta figura, consagrada en el artículo 4 de la Constitución, permite a cualquier autoridad inaplicar una norma cuando exista una incompatibilidad manifiesta con la Carta, mientras el juez constitucional se pronuncia de fondo. No es una invención coyuntural ni una herejía jurídica. Es parte del diseño del Estado de Derecho colombiano.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, ha reaccionado con dureza. Se ha hablado de usurpación de funciones de la Corte Constitucional e incluso de posibles responsabilidades penales. El mensaje es político y jurídico: la constitucionalidad de los decretos solo puede definirla la Corte. Eso es cierto. Pero también lo es que la Constitución no obliga a las autoridades territoriales a aplicar, sin reservas, normas que consideren abiertamente contrarias al orden superior, cuando existen herramientas jurídicas para cuestionarlas de manera inmediata. El debate no es blanco o negro; es de competencias, tiempos y equilibrios.
Este momento revela una crisis más profunda que trasciende la emergencia económica. Es la tensión entre centralismo fiscal y autonomía territorial, una discusión no resuelta desde 1991. Los departamentos no son oficinas desconcentradas del Ejecutivo nacional. Son entidades con autonomía política, administrativa y fiscal, responsables ante sus ciudadanos. Cuando los gobernadores advierten que una decisión tomada en Bogotá puede vaciar sus arcas y comprometer servicios básicos, no están haciendo oposición partidista; están ejerciendo su mandato.
También es cierto que la coordinación institucional es indispensable. Un país no puede gobernarse a punta de pulsos ni de decretos en permanente litigio. Pero la responsabilidad de esa coordinación recae, en primer lugar, en quien declara la emergencia y expide normas de impacto nacional. El uso reiterado de estados de excepción, como sustituto del debate legislativo, erosiona la confianza y empuja a las regiones a la defensiva.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra. Ese es el cauce natural. Mientras tanto, conviene bajar el tono y subir el nivel del debate. Llamar “rebelión” a lo que es, en esencia, un conflicto jurídico-institucional, puede servir para agitar bases políticas, pero no para resolver el problema de fondo. Las regiones no están desafiando al Estado; están interpelando al poder central dentro de las reglas del juego constitucional, como lo han explicado públicamente varios mandatarios y como quedó consignado en los comunicados de la Federación Nacional de Departamentos.
Colombia necesita instituciones que funcionen, que se respeten y que entiendan que la Constitución no es un obstáculo, sino el marco que hace posible la convivencia democrática. Si este momento deja una lección, debería ser esta: defender la Constitución no es un acto de rebeldía; es, precisamente, un acto de responsabilidad pública.