EDITORIAL
Uno de los cambios más significativos se dio en el capítulo de impuestos al consumo, especialmente en lo relacionado con las bebidas alcohólicas.
La reforma tributaria vuelve al centro del debate público, pero lo hace en un contexto menos favorable para el Gobierno y con un proyecto profundamente ajustado frente a la ambiciosa propuesta inicial.
El presidente Gustavo Petro busca ahora recaudar $16,3 billones, lo que representa $10 billones menos de lo previsto en la primera versión, un recorte que evidencia no solo las dificultades técnicas para sostener el recaudo, sino también la falta de respaldo político a una reforma que, desde su anuncio, ha generado resistencia en diversos sectores.
El encuentro entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y varios congresistas reveló ese escenario adverso: la baja presencia de senadores dejó en evidencia que la coalición oficialista ya no garantiza mayorías automáticas, y que la aprobación de la Ley de Financiamiento dependerá de una negociación más ardua y fragmentada. En ese ambiente, los ajustes realizados por el Gobierno buscan suavizar tensiones y disminuir los puntos más controvertidos del articulado.
Uno de los cambios más significativos se dio en el capítulo de impuestos al consumo, especialmente en lo relacionado con las bebidas alcohólicas. En la propuesta inicial, el Gobierno había planteado una tarifa universal del 30% por grado de alcohol, un mecanismo que pretendía simplificar y fortalecer el recaudo.
Sin embargo, la cerveza —la bebida más consumida del país y con mayor impacto sobre los hogares de ingresos bajos y medios— quedó excluida de ese aumento y mantendrá un impuesto del 15%. El Ejecutivo entendió que insistir en elevar la carga tributaria sobre este producto podía traducirse en un desgaste político mayor y en un golpe económico para los sectores con menos capacidad adquisitiva.
A la par, el Ministerio de Hacienda retiró dos medidas que habían prendido alarmas entre gremios y consumidores: el IVA a la gasolina, que habría encarecido de forma inmediata el transporte y los bienes de la canasta básica, y el impuesto del 19% a las boletas de espectáculos culturales y deportivos cuyo valor superara los $500.000.
Con estos cambios, el Gobierno prioriza un discurso de protección al consumo popular, consciente de que cualquier incremento masivo en precios podría erosionar aún más su capital político.
Asimismo, se ajustó el impuesto a las compras en línea de bajo valor, conocidas como nininis. Aunque el propósito inicial era gravar todas las transacciones pequeñas provenientes de plataformas internacionales, el nuevo umbral —que solo aplica a compras superiores a 100 dólares— reduce el alcance de la medida y responde parcialmente a las críticas de pequeños consumidores y emprendedores digitales.
Con el nuevo paquete de medidas, el grueso del recaudo recaerá en los impuestos a las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco, incluidos cigarrillos y vapeadores. Allí, el Gobierno espera obtener $4,1 billones en 2025, muy por debajo de los $7,8 billones inicialmente proyectados. La reducción obedece no solo a la exclusión de la cerveza del aumento generalizado, sino también a la moderación de las tarifas tras el debate del Presupuesto.
El segundo gran componente del recaudo provendrá de las acciones de fiscalización y lucha contra la evasión que implementará la Dian, con las que se esperan $3,7 billones.
La tercera fuente de ingresos será la reforma al impuesto al patrimonio. Aunque afecta a un segmento reducido de contribuyentes, los cambios son sustanciales. El umbral de aplicación bajará de 72.000 a 40.000 UVT —un universo aproximado de $2.000 millones en adelante— y la tarifa se incrementará hasta el 5%. El Ejecutivo estima que cerca de 100.000 personas deberán pagar el tributo, un aumento considerable frente a los obligados actuales.
Se mantiene el IVA del 19% a los vehículos híbridos —una decisión cuestionada por sectores que promueven una transición energética— y los impuestos a iglesias, hoteles y al sistema financiero no presentan modificaciones. La sobretasa de 15 puntos para el sector financiero deja la carga total en un 50%, una cifra que los bancos consideran excesiva, pero que el Gobierno defiende como necesaria en un momento de presiones fiscales.
En el sector minero-energético, la reforma equipara la sobretasa del carbón a la del petróleo y crea un nuevo gravamen del 1% a la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón, hoy vigente bajo la conmoción interior.
Con todo, la reforma aún tiene un largo camino por recorrer. Primero deberá ser aprobada por las cuatro comisiones económicas y luego superar los debates en las plenarias de Cámara y Senado.
La pregunta de fondo es si los $16,3 billones proyectados serán suficientes para las metas fiscales de 2025 y si el Gobierno logrará articular una reforma que equilibre sensibilidad social, viabilidad política y responsabilidad presupuestal.
