Acento

Ganó la moderación. Y eso, para Colombia, es una buena noticia

Redacción Acento — Wed, 04 Feb 2026 17:37:38 GMT

La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump deja una señal clara: cuando el tono baja, el país gana. No es un juicio de intenciones ni una lectura ingenua de la política. Es una constatación práctica.

Petro volvió a usar un registro que ya le funcionó en el pasado: moderación hacia afuera, cálculo político hacia adentro. Ese libreto existe, es evidente y es legítimo en la lógica del poder. Pero una cosa no invalida la otra. Que el objetivo sea político-electoral no borra el efecto real de un mensaje de estabilidad enviado al principal socio estratégico de Colombia.

Desde Washington, el mensaje fue inequívoco: Estados Unidos está dispuesto a dialogar, a cooperar y a mirar a Colombia como un aliado confiable si hay reglas claras, elecciones transparentes y una agenda compartida en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Ese encuadre —más allá de simpatías o antipatías— reduce ruido, baja prima de riesgo y ordena expectativas.

En un país con inversión frenada, decisiones empresariales en pausa y mercados sensibles a la incertidumbre política, la moderación no es un gesto retórico: es un activo económico. La política exterior también impacta el dólar, el crédito, el apetito por riesgo y la velocidad de la inversión. Y esta reunión, leída desde esa óptica, suma.

¿Hay cálculo político? Claro. ¿Hay mensaje electoral? También. Pero eso no invalida el resultado. Colombia necesita menos épica y más previsibilidad. Menos confrontación discursiva y más institucionalidad operando sin sobresaltos. La economía no vota, pero reacciona. Y reaccionó mejor ante señales de diálogo que ante pulsos ideológicos.

El desafío —el verdadero— es que esta moderación no sea episódica ni utilitaria. Que no se agote en la foto internacional ni en el comunicado bien escrito. Que se traduzca en reglas claras, respeto institucional y un clima donde la política no se viva como amenaza permanente.

Esta semana ganó la moderación. Ahora tiene que ganar Colombia.

El nuevo mapa petrolero colombiano: por qué las petroleras privadas ya no son marginales

Redacción Acento — Sun, 01 Feb 2026 01:27:28 GMT

Durante años, la discusión petrolera en Colombia giró casi exclusivamente alrededor de Ecopetrol. Sin embargo, los datos recientes de producción y la lectura estratégica del sector muestran una realidad distinta: las petroleras privadas se han consolidado como actores estructurales del negocio, no como un complemento circunstancial. El país petrolero de 2026 es más fragmentado, más técnico y, paradójicamente, más dependiente de quienes no controlan la narrativa política.

Según cifras del sector, un grupo reducido de compañías privadas concentra hoy una parte significativa de la producción nacional. Firmas como GeoPark, Frontera Energy, Parex Resources y Gran Tierra Energy operan campos maduros y activos estratégicos con niveles de eficiencia que compiten —y en algunos casos superan— los estándares históricos del operador estatal.

No se trata solo de volumen. Se trata de productividad por pozo, disciplina de capital y retorno sobre la inversión, variables que hoy pesan más que la retórica sobre soberanía energética.

El caso GeoPark: ejecución en un entorno adverso

La entrevista reciente a Felipe Bayón, CEO de GeoPark, ofrece claves relevantes para entender este momento. Bayón no habla desde la ideología, sino desde la operación. Su mensaje es claro: el petróleo sigue siendo un negocio técnico, incluso cuando el entorno político busca convertirlo en un debate moral.

GeoPark ha construido su crecimiento sobre tres pilares:

1. Asignación estricta de capital, con proyectos que deben demostrar rentabilidad incluso en escenarios de precios conservadores.

2. Gestión operativa eficiente, especialmente en campos maduros donde el margen se juega en la optimización diaria.

3. Relación pragmática con el Estado, entendiendo que sin reglas claras no hay inversión sostenible.

Ese enfoque explica por qué la compañía se mantiene entre las principales productoras privadas del país, incluso en medio de incertidumbre regulatoria y señales ambiguas desde el Gobierno.

El discurso oficial ha tendido a presentar a las petroleras privadas como actores secundarios o transitorios. Los datos muestran lo contrario. En un contexto de caída en la exploración, son estas compañías las que están sosteniendo parte relevante del flujo de producción, y con ello, de regalías, impuestos y divisas.

Aquí hay un punto clave para la discusión económica: Colombia no enfrenta solo un debate ambiental, sino uno de reemplazo de capacidades. Si el país decide reducir su dependencia del petróleo, la pregunta no es si Ecopetrol puede hacerlo sola, sino quién financia y ejecuta la transición mientras el crudo sigue pagando la cuenta.

Las petroleras privadas operan con horizontes largos y márgenes ajustados. Cambios abruptos en reglas, mensajes contradictorios o inseguridad jurídica no castigan ideologías: castigan inversión. Y cuando la inversión se frena, el impacto no se ve de inmediato en el surtidor, sino en cinco o diez años, cuando la producción cae y el país importa lo que antes producía.

La paradoja es evidente: mientras el discurso político reduce el papel del petróleo, la caja fiscal sigue dependiendo de él. Y en esa ecuación, las privadas ya no son un actor accesorio.

El nuevo mapa petrolero colombiano obliga a una discusión más adulta. Las petroleras privadas no son el problema a administrar; son parte de la solución a gestionar mientras el país define, con realismo, su transición energética.

Ignorarlas, subestimarlas o tratarlas como un residuo del pasado es un error estratégico. Los datos, la producción y la experiencia operativa muestran que hoy el petróleo colombiano no se explica sin ellas. Y cualquier política pública que no parta de esa realidad está condenada a chocar con los números.

Gobierno anuncia nuevo recorte de $16 billones tras caída de la emergencia económica

Redacción Acento — Sun, 01 Feb 2026 01:23:34 GMT

El presidente Gustavo Petro anunció un nuevo recorte presupuestal por $16 billones luego de que la Corte Constitucional dejara sin efectos la declaratoria de emergencia económica, una de las principales apuestas del Ejecutivo para ampliar su margen de maniobra fiscal en 2026.

El ajuste se suma a recortes ya realizados durante el actual gobierno y responde, según el mandatario, a la necesidad de cumplir la regla fiscal y mantener la estabilidad de las finanzas públicas ante la imposibilidad de usar instrumentos extraordinarios de gasto.

Con la caída de la emergencia económica, el Gobierno pierde la facultad de expedir decretos con fuerza de ley para crear tributos o reasignar partidas de manera acelerada. En ese contexto, el Ejecutivo opta por un recorte directo del gasto, que impactará diferentes sectores del Presupuesto General de la Nación.

El anuncio fue hecho tras una reunión del equipo económico, encabezado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que deberá definir en los próximos días qué rubros asumirán el mayor ajuste y cómo se protegerán —según el Gobierno— los programas sociales prioritarios.

El recorte busca enviar una señal de disciplina fiscal en un momento de alta sensibilidad para los mercados, en medio de debates sobre el crecimiento del gasto público, la sostenibilidad de la deuda y la credibilidad del marco macroeconómico.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la decisión no obedece a un cambio de rumbo económico, sino a una restricción institucional impuesta tras el fallo de la Corte. No obstante, analistas advierten que un ajuste de esta magnitud podría tener efectos sobre la ejecución de inversión pública y el ritmo de crecimiento en 2026.

La caída de la emergencia económica representa un revés para la estrategia del Gobierno, que buscaba enfrentar presiones fiscales mediante medidas excepcionales. El nuevo recorte reabre el debate sobre la capacidad del Ejecutivo para financiar su agenda dentro de los mecanismos ordinarios del Estado y bajo los límites constitucionales vigentes.

En adelante, el manejo del gasto y la priorización presupuestal pasarán nuevamente por el Congreso de la República, en un escenario de mayor control político y menor flexibilidad para el Gobierno.

Por ahora, el Ministerio de Hacienda deberá presentar el detalle técnico del recorte y su impacto sectorial, mientras el país entra en una fase de ajuste fiscal sin herramientas extraordinarias, con implicaciones directas para la política económica de 2026.

Gobierno oficializa la reducción de $500 en el precio del galón de gasolina en Colombia

Redacción Acento — Sun, 01 Feb 2026 01:15:58 GMT

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió este 31 de enero de 2026 la resolución que hace efectiva la rebaja de $500 pesos por galón en el precio de la gasolina corriente en el país, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

La medida fue firmada por el ministro Edwin Palma, quien destacó que la decisión formaliza ajustes que ya se venían implementando y que responden a la necesidad de corregir los desequilibrios en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y garantizar la sostenibilidad del sistema de precios de los combustibles en Colombia.

¿Qué implica la resolución?

• La reducción de $500 por galón de gasolina se aplicará de manera homogénea en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y otras.

• El precio del diésel se mantiene estable, como parte de la estrategia para evitar presiones sobre los costos del transporte y la cadena logística nacional.

• El Ministerio indicó que hará seguimiento permanente a la implementación de la norma y a la evolución de los precios regionales para asegurar una aplicación efectiva.

La reducción se enmarca en una política que busca cerrar brechas entre los precios internos y los internacionales de combustibles, en un contexto en el que el FEPC acumuló desequilibrios en periodos anteriores. El Gobierno ha señalado que este ajuste puede contribuir a aliviar la presión inflacionaria sobre los hogares y apoyar el poder adquisitivo de los consumidores.

Las autoridades también han señalado que evaluarán nuevos ajustes en los próximos meses, dependiendo del comportamiento de los mercados internacionales del crudo y las condiciones fiscales del país.

La rebaja de $500 por galón de gasolina ya está legalmente formalizada por el Ministerio de Minas y Energía y entrará en vigencia desde el 1 de febrero de 2026, mientras que el diésel permanecerá con su precio vigente.

Augusto Solano anuncia su retiro como presidente de Asocolflores tras 25 años al frente del gremio

Redacción Acento — Sun, 01 Feb 2026 01:11:58 GMT

Bogotá, Colombia — El presidente de Asocolflores, Augusto Solano Mejía, confirmó que dejará la dirección de la asociación en el mes de abril de 2026, poniendo fin a una trayectoria de más de 25 años liderando el sector floricultor colombiano.

En una carta dirigida a los afiliados, Solano expresó que su gestión se llevó a cabo “con el mayor compromiso, dedicación y pasión por este maravilloso sector que tanto le aporta al país”, y agradeció el apoyo de los productores y aliados durante su extensa administración.

Durante su presidencia, Solano lideró a los exportadores colombianos en momentos clave de la industria, incluyendo las épocas de revaluación del peso en los años 2000, la pandemia de COVID-19 y las tensiones comerciales con Estados Unidos, principal destino de las flores colombianas.

Bajo su liderazgo, la floricultura de Colombia consolidó su presencia en más de 100 mercados globales, impulsó programas de sostenibilidad y buenas prácticas certificadas, y contribuyó al fortalecimiento de más de 240.000 empleos formales, gran parte en zonas rurales, con un alto porcentaje de participación femenina.

Solano también fue reconocido internacionalmente. En 2025 fue incluido en el Salón de la Fama de la Society of American Florists (SAF), uno de los mayores honores de la industria floral a nivel mundial.

La salida de Solano marca el cierre de una etapa histórica para uno de los sectores agrícolas más emblemáticos de Colombia, justo cuando las exportaciones florales mantienen una trayectoria positiva en volumen y diversificación de mercados.

Asocolflores prepara el proceso de sucesión en su cúpula directiva, que será oficializado durante la asamblea del gremio en abril de este año.

Sebastián Nicholls asumirá la Presidencia de HDI Seguros Colombia desde abril de 2026

Redacción Acento — Sun, 01 Feb 2026 00:58:05 GMT

Sebastián Nicholls fue designado como nuevo presidente de HDI Seguros Colombia, cargo que asumirá a partir del 1 de abril de 2026.

El ejecutivo reemplazará a Luiz Francisco Minarelli Campos, quien deja la presidencia tras liderar una etapa clave de transformación e integración en la compañía.

Nicholls se desempeña actualmente como vicepresidente financiero (CFO) de la aseguradora, rol que ocupa desde 2023. Durante este periodo, ha estado al frente del fortalecimiento de los indicadores financieros, la mejora en la eficiencia operativa y el desempeño de los resultados técnicos del negocio en Colombia.

La salida de Minarelli se produce luego de culminar el proceso de integración entre HDI Seguros y Liberty Seguros, una operación que marcó un punto de inflexión para la compañía y consolidó su posición en el mercado asegurador colombiano. Bajo su liderazgo, la empresa avanzó en un esquema de crecimiento rentable y en la unificación de estructuras operativas y culturales.

Desde la casa matriz, HDI International destacó que el relevo responde a un proceso de sucesión planificada. Wilm Langenbach, CEO del grupo, señaló que la transición garantiza continuidad y estabilidad, al tiempo que reafirma la confianza en el equipo directivo y en la estrategia de crecimiento de la filial colombiana.

Nicholls cuenta con una trayectoria en los sectores financiero y de salud, con experiencia en estrategia, transformación empresarial, distribución y finanzas corporativas. Su llegada a la presidencia se da en un contexto de mayor exigencia técnica para el sector asegurador, marcado por presiones regulatorias, control de costos y foco en sostenibilidad financiera.

Al referirse a su nuevo cargo, el directivo afirmó que asume la presidencia con “gratitud y responsabilidad” y que su gestión estará orientada a consolidar los avances alcanzados, fortalecer la propuesta de valor y mantener el compromiso con clientes, intermediarios y aliados estratégicos en Colombia.

El cambio en la presidencia se hará efectivo sin modificaciones en la estructura operativa de la compañía, en línea con la estrategia de continuidad definida por el grupo asegurador.

Air-e: cuando la intervención se vuelve coartada

Redacción Acento — Sun, 01 Feb 2026 00:35:01 GMT

La intervención estatal a Air-e prometía estabilizar el servicio eléctrico en la región Caribe. Dos años después, los datos cuentan otra historia: la deuda de la compañía pasó de $530.000 millones a $2,55 billones, un aumento cercano al 300 %. En ese mismo lapso, la empresa ha tenido cinco agentes interventores. No es una anomalía contable: es el síntoma de un modelo que no corrige los problemas estructurales y que ahora pretende trasladar sus costos al resto del sistema.

En enero de 2026, el Gobierno expidió el decreto de Emergencia Económica (suspendido esta semana por la Corte) para crear nuevos tributos a las generadoras y cubrir los pasivos de Air-e. El instrumento es excepcional por definición; aquí se volvió rutina. El resultado es un precedente riesgoso: usar la emergencia para tapar déficits de gestión sin demostrar hechos sobrevinientes e imprevisibles, el estándar constitucional mínimo. La urgencia no puede sustituir la evidencia.

El cobro adicional —como el recargo de $8 por kWh— no reduce pérdidas técnicas ni comerciales, no mejora recaudo ni ataca la morosidad crónica. Traslada el problema aguas arriba, encarece la cadena y presiona tarifas. Expertos coinciden: no estabiliza el sistema y erosiona la confianza inversionista en un sector intensivo en capital que depende de reglas claras y previsibles.

Cinco interventores, cero continuidad

La rotación de interventores en menos de dos años revela ausencia de rumbo. Sin una hoja de ruta consistente, cada administración reinicia diagnósticos, posterga decisiones difíciles y acumula costos. La deuda crece; la gobernanza se debilita. Intervenir no es reemplazar accionistas por burócratas: es gestionar con objetivos, métricas y plazos verificables.

Air-e atiende cerca del 11,4 % de la demanda nacional. Cuando su desequilibrio se financia con tributos extraordinarios, el impacto no es local: se filtra al mercado mayorista, a las tarifas finales y al apetito de inversión en generación y transmisión. La señal es inequívoca: el riesgo regulatorio sube y el capital se encarece.

Tres salidas, todas costosas

Sobre la mesa hay tres escenarios:

• Seguir operando con parches fiscales: prolonga el problema.

• Inyectar recursos públicos: socializa pérdidas sin garantías de corrección.

• Liquidar: puede agravar la crisis del sector si no hay transición ordenada.

Exministros coinciden en algo incómodo pero cierto: no existe salida barata. La pregunta es quién paga y bajo qué reglas.

No hay solución sin atacar el núcleo del problema: pérdidas, recaudo, estructura tarifaria, gobernanza y contratos. Sin metas públicas de reducción de pérdidas, cronogramas de recaudo, y un esquema de incentivos que premie eficiencia —con auditoría independiente—, cualquier emergencia será apenas una coartada temporal.

La crisis de Air-e no es un rayo caído del cielo; es la consecuencia de decisiones postergadas. Usar la emergencia para redistribuir costos puede ganar tiempo político, pero pierde tiempo institucional. El país necesita menos atajos y más gestión. Porque cuando la excepción se vuelve norma, la factura —siempre— la termina pagando el sistema y los usuarios.

Manifiesto de esperanza real: De la Cumbre de Panamá a la calle de todos

Redacción Acento — Sun, 01 Feb 2026 00:28:30 GMT

Líderes regionales coinciden en Panamá: la integración solo será real si genera seguridad, empleo, tecnología y decisiones ciudadanas cotidianas.

Por Cecilia Arango R.

Hace unos días, en Ciudad de Panamá, el aire no solo estaba cargado de la humedad propia del istmo, sino de algo mucho más escaso en la política moderna: pragmatismo puro. En el Foro Económico Internacional de la CAF, líderes de todas las orillas —desde el socialismo brasileño hasta el conservadurismo chileno— se sentaron a la misma mesa para admitir una verdad que ya no se puede ocultar: América Latina no necesita más discursos de unidad de papel; necesita una unidad que funcione en el bolsillo, en la mesa y en la seguridad de la gente.

Sin embargo, tras la elegancia de los salones, queda una pregunta que nos toca a todos: ¿qué tiene que ver la visión de estos líderes con el ciudadano que hoy madruga en nuestras ciudades o con el que cruza, lleno de incertidumbre, las fronteras?

La respuesta es simple y contundente: todo.

Puentes de oro: de Barranquilla al Amazonas

La integración no es un concepto académico; tiene rostro y geografía. Se siente en la pujanza de Barranquilla, la Puerta de Oro, que entiende que su destino es ser el faro logístico del Caribe y el punto de entrada para la inversión global. Se siente con urgencia vital en Cúcuta, donde la frontera debe dejar de ser una cicatriz de conflicto para convertirse en un portal de prosperidad compartida.

Nuestras fronteras con Panamá, Ecuador y Brasil —y de ahí hacia el mundo— no son muros, sino arterias de un organismo vivo. Como bien señaló el anfitrión, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino: “Panamá no es un competidor de sus países, sino un complemento de sus economías”. Puso el Canal y sus puertos a disposición de la región para que los productos latinoamericanos lleguen al mundo con mayor eficiencia.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, recordó que “la unidad no es una aspiración, es un imperativo estratégico”. Colombia es el eje natural que conecta el Caribe con el Amazonas; si se cierra, se asfixia.

El coro de la nueva integración: hablan los presidentes

El foro dejó un mapa de ideas comunes que trascienden las fronteras. No hubo voces aisladas, sino una convergencia de propósitos:

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): “Las ideologías no dan de comer; seguir divididos nos hará a todos más frágiles”, una invitación a bajar la confrontación retórica y subir la productividad.
Daniel Noboa (Ecuador): “Los criminales se pasean de país en país; nuestra respuesta debe ser igual de global. Darle libertad a los criminales es quitársela a los honestos”.
Gustavo Petro (Colombia): La región debe dejar de verse solo como un conjunto de Estados y asumirse como una civilización articulada por la historia y la paz.
Rodrigo Paz (Bolivia): “Bolivia solo es viable si ustedes son viables. Si a Latinoamérica le va bien, a nosotros nos irá muy bien”.
Bernardo Arévalo (Guatemala): “La democracia no es solo votar; es la capacidad de las instituciones para generar bienestar real”, advirtió, recordando que sin transparencia la inversión huye.
José Antonio Kast (Chile): “Debemos competir con el mundo, no entre nosotros. Sin seguridad y respeto a la propiedad, la democracia es una ficción”.

Tecnología de punta: el nuevo idioma de la riqueza

La soberanía del siglo XXI no se mide en territorio, sino en patentes, tecnología y atracción de inversiones. Para generar empleo de calidad no basta con exportar materias primas: es imprescindible conectar el talento joven con el mundo mediante infraestructura digital y transición energética.

La riqueza está en la capacidad de procesar datos y exportar servicios globales. La integración digital —desde una nube regional hasta la inteligencia artificial aplicada— permitirá que un emprendedor en Cúcuta compita en igualdad de condiciones con uno en cualquier potencia mundial.

La libertad es la decisión de actuar

La libertad no es un regalo que se recibe; es un ejercicio que se practica. “La libertad es para el que hace las cosas bien”, expresó Díaz-Granados. Pero esa libertad implica responsabilidad: decidir. No hacerlo es permitir que otros tracen el mapa.

Es hora de tomar decisiones valientes: cooperar, atraer al mundo con una sola voz y convertir las fronteras en polos de innovación tecnológica.

‘El cambio comienza por mí’

La gran tragedia de América Latina ha sido esperar que el progreso descienda del palacio presidencial a la calle. Pero el verdadero motor de la historia es la suma de acciones individuales orientadas a un propósito común.

La integración solo será real si adoptamos una nueva ética: “la libertad se ejerce decidiendo”.

Comienza por mí cuando mi negocio tiene vocación global.
Comienza por mí cuando elijo la legalidad y el comercio formal.
Comienza por mí cuando exijo tecnología y resultados, no solo promesas.
Comienza por mí cuando decido apostar por lo que nos une.

No espere a que la integración llegue en un boletín oficial. La libertad de los pueblos se construye en la decisión diaria de producir mejor, innovar y mirar al horizonte sabiendo que el mundo es nuestro mercado.

Si la voluntad continental se convierte en acción cotidiana de cada colombiano, el sueño de Panamá dejará de ser una crónica de revista para convertirse en una realidad compartida.

Es el momento. Es ahora. Es nuestra decisión construir un futuro posible.

Contratos, poder y elecciones: la sombra electoral de la gestión Petro

Redacción Acento — Sat, 31 Jan 2026 23:34:04 GMT

Una avalancha de contratos antes de la Ley de Garantías reabre dudas sobre austeridad, neutralidad estatal y posible uso electoral del aparato público.

Como se venía advirtiendo sin cifras precisas, Colombia vivió en enero una aceleración inusual de la contratación estatal, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías electorales. El fenómeno, más político que administrativo, reabrió el debate sobre neutralidad y uso del poder público.

La alerta tomó forma concreta este sábado, cuando la representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que, en solo 29 días de enero, se firmaron más de 100.700 contratos de prestación de servicios, comprometiendo cerca de seis billones de pesos del presupuesto público.

El dato que más inquieta, según Miranda, es la concentración temporal. En los últimos ocho días del mes se suscribieron 51.496 contratos, más del 51% del total. Una velocidad difícil de explicar por necesidades súbitas del Estado o fallas de planeación.

Para la congresista, también candidata al Senado por la Alianza Verde, este comportamiento “enciende alertas sobre un posible uso político de la contratación pública” en la antesala de las restricciones electorales, previstas para evitar que el Gobierno influya en la contienda mediante gasto y burocracia.

“No es un debate ideológico, es una alerta institucional. El Estado corre el riesgo de convertirse en una plataforma de favores burocráticos para asegurar lealtades políticas y fortalecer estructuras clientelares en pleno año electoral”, advierte Miranda.

Contratos y maquinaria

Las denuncias no se limitaron al Congreso. Desde Bogotá, el concejal Andrés Barrios aseguró que, a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, el Gobierno desató una “feria de contratos” en ministerios clave, con ampliaciones de planta y miles de cargos temporales.

Según Barrios, la contratación y expansión burocrática se concentró en carteras estratégicas como Trabajo, Igualdad, Salud y la Unidad Nacional de Protección (UNP), en un contexto de estrechez fiscal, crisis social y demandas urgentes en seguridad, medicamentos y atención básica.

“Un Estado no crea más de mil cargos temporales semanas antes de la Ley de Garantías por casualidad. Estas decisiones suelen responder a la necesidad de operadores territoriales y estructuras políticas, más que a criterios técnicos”, afirmó el concejal.

El Ministerio del Trabajo, mediante el Decreto 0052 de 2026, creó 1.141 cargos temporales con vigencia hasta diciembre de ese año. Aunque el Gobierno lo justificó por la sobrecarga derivada de la reforma laboral, el momento y alcance despertaron suspicacias.

Igualdad, salud y protección

En el Ministerio de la Igualdad, la controversia se centró en la destinación de más de 70.500 millones de pesos para vincular a unas 3.300 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, coincidiendo plenamente con el calendario electoral.

A esto se sumó la contratación de operadores logísticos para eventos por cerca de 69.000 millones de pesos, así como las alertas en el programa Jóvenes en Paz, donde se contrataron más de 3.100 personas pese a altos niveles de deserción y cuestionamientos de control.

El Ministerio de Salud tampoco escapó al debate. En medio de la peor crisis del sistema sanitario en años, se evalúa la creación de 535 nuevos cargos de carrera administrativa, con un costo anual superior a 74.000 millones de pesos.

La paradoja es evidente. Mientras millones de pacientes enfrentan dificultades para acceder a medicamentos esenciales y tratamientos complejos, el Estado amplía su nómina administrativa, alimentando la percepción de desorden en las prioridades del gasto público.

En la Unidad Nacional de Protección (UNP), los decretos 0019 y 0020 ampliaron la planta a 6.870 empleos. Sindicatos del sector señalaron que la reestructuración podría derivar en despidos injustificados y mayor politización de la entidad.

Ley de Garantías bajo presión

Estas denuncias se acumulan justo cuando entra en vigor la Ley de Garantías, diseñada para evitar que el poder Ejecutivo use la contratación y el presupuesto como herramientas de campaña. Para distintos sectores, enero dejó una “avalancha” de contratos firmados a contrarreloj.

El aumento contrasta con el discurso oficial de austeridad y crisis fiscal. Hasta ahora, el Gobierno no ha entregado explicaciones detalladas sobre el crecimiento del número y valor de contratos, ni sobre los mecanismos de control aplicados en ese periodo.

El exconcejal Daniel Briceño afirmó que “la crisis no existe para la burocracia” y aseguró que aún faltan datos del 30 y el 31 de enero, lo que podría ampliar la dimensión del fenómeno denunciado.

El analista en gestión pública José David Castellanos señaló que, en tres años y medio, los contratos por prestación de servicios habrían aumentado en cerca de 7.000 cargos, con un costo acumulado de 19,3 billones de pesos.

Según una auditoría citada por Castellanos, el valor de estos contratos pasó de 12,1 billones en 2022 a 19,3 billones en 2025. Un incremento que equivale a casi la mitad de lo que el Gobierno esperaba recaudar con su última reforma tributaria.

Más allá de cifras y decretos, el debate de fondo es político e institucional: si la contratación pública se convierte en herramienta electoral, la igualdad de condiciones queda en entredicho y la confianza ciudadana vuelve a erosionarse.

En vísperas de elecciones, la pregunta ya no es cuántos contratos se firmaron, sino si el Estado logró blindarse o no de la tentación histórica de confundir gobierno con campaña

La narrativa que gana tiempo

Redacción Acento — Sat, 31 Jan 2026 17:33:53 GMT

Colombia atraviesa un momento que, a primera vista, desconcierta. Mientras el Gobierno pierde batallas institucionales —la emergencia económica es el ejemplo más reciente—, el proyecto político de Gustavo Petro no se desploma. Por el contrario, conserva oxígeno social, narrativa favorable y una base que no se retrae. La explicación no está en la eficacia de la política pública, sino en algo más profundo: la combinación entre percepción económica de corto plazo y una estrategia de confrontación cuidadosamente construida.

El Gobierno sabía que la emergencia económica difícilmente superaría el control constitucional. No fue un error de cálculo. Fue un movimiento que, aun perdiendo en el plano jurídico, le permitió reforzar un relato: el de un Ejecutivo bloqueado por las élites, las Cortes y el “establecimiento”. Primero fue el Congreso. Ahora son los jueces. El adversario cambia, la historia permanece.

Aquí es donde el análisis del exministro José Manuel Restrepo resulta clave para entender la paradoja. Restrepo describe la coyuntura como una “bipolaridad económica”: indicadores de corto plazo que transmiten estabilidad y una economía estructuralmente debilitada que se sigue deteriorando sin hacer ruido. Ambas cosas coexisten. Y esa coexistencia es el terreno fértil del relato oficial.

Los datos que alimentan la percepción positiva son reales. Crecimiento cercano al 3 %, desempleo alrededor del 8 %, mejora marginal en pobreza, dólar relativamente barato y una confianza del consumidor que cerró 2025 en 19,9 %. No son cifras menores. Tampoco son, en su mayoría, consecuencia directa de reformas estructurales del actual Gobierno. Pero juntas configuran una sensación de normalidad económica que neutraliza el discurso del colapso.

El problema —como advierte Restrepo— es la calidad de ese crecimiento. Cerca del 50 % proviene del aumento del gasto público y de la expansión de la administración estatal. La inversión privada, motor de productividad y empleo sostenible, está en su nivel más bajo en más de dos décadas. Más del 80 % del empleo reciente se concentra en el sector público o en trabajo por cuenta propia, una señal más de informalidad que de fortaleza laboral.

Sin embargo, estos matices no pesan en la conversación cotidiana. Para la mayoría de ciudadanos y para muchos empresarios —que en privado reconocen que 2025 no fue un mal año— la economía no “se siente mal”. Y en política, lo que se siente importa tanto como lo que es.

Mientras tanto, los problemas estructurales se acumulan. Deuda pública en máximos históricos, déficit fiscal creciente, riesgo de apagón energético hacia 2027 y una crisis humanitaria en el sistema de salud, donde el acceso a medicamentos y servicios se ha vuelto cada vez más precario. La deuda ha aumentado cerca de 400 billones de pesos desde 2022, mientras el PIB lo ha hecho a un ritmo muy inferior. Los TES superan tasas del 12 % y la deuda externa se encarece. Son señales que no se traducen aún en angustia social, pero sí en fragilidad futura.

La emergencia económica cayó porque no cumplía los criterios de excepcionalidad. Pero la caída no debilitó al Gobierno en el plano político. Al contrario, le permitió reforzar la idea de que “no lo dejan gobernar”, incluso cuando el faltante fiscal que buscaba cubrir —entre 11 y 16 billones— representaba menos del 2 % del presupuesto y podía abordarse con ajustes ordinarios.

Ese es el fondo del asunto. Petro no está ganando porque tenga razón en todo, sino porque sus contradictores no han logrado disputar el marco narrativo. La institucionalidad responde con argumentos técnicos; el Gobierno responde con emociones y antagonismos claros. En esa asimetría, la balanza se inclina.

Nada de esto es un cheque en blanco. La factura fiscal, energética y social llegará. Pero ignorar que hoy la narrativa le compra tiempo al Gobierno sería leer mal el país. La trampa no fue la emergencia. La trampa fue lograr que, incluso al perderla, el relato salga fortalecido.