Trinidad y Tobago, nuevo frente de tensión diplomática de Maduro

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, aparece alineada con Washington, al punto de facilitar su territorio para la llegada de tropas.

La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago ha reavivado las tensiones en el Caribe y profundizado el aislamiento diplomático de Venezuela en la región. Lo que comenzó como una medida de “dignidad nacional” ante la cooperación militar entre Puerto España y Washington, hoy se perfila como un paso más en la política exterior reactiva y confrontacional del chavismo.

Desde hace más de dos meses, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Trinidad y Tobago, liderada por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, accedió a facilitar su territorio para la llegada de buques y tropas estadounidenses, decisión que Caracas interpretó como una amenaza directa. La respuesta no tardó: Miraflores anunció la suspensión temporal de los acuerdos en materia de gas natural con la isla vecina, en represalia por su “posición guerrerista”.

Política exterior

El gesto venezolano fue respaldado por la Asamblea Nacional, que incluso declaró persona non grata a la primera ministra trinitense en un tono poco diplomático. Para el embajador e internacionalista Gerson Revanales, este tipo de respuestas refuerzan la percepción de un gobierno que busca enemigos más que aliados.

“Venezuela está en un momento crítico de sus relaciones con el Caribe y con sus vecinos. En vez de construir puentes, se dedica a levantar muros”, señaló. Revanales recordó que, aunque el presidente colombiano Gustavo Petro también rechazó la presencia militar de Estados Unidos, no reconoce a Maduro como presidente legítimo, y Brasil mantiene una postura de neutralidad. “Nos estamos autocercando en el Caribe”, advirtió.

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, calificó la reacción de Caracas como un ejemplo de “antidiplomacia”. Según explicó, el gobierno ha confundido la defensa ideológica con el ejercicio de la diplomacia realista. “Lo que hace Maduro es privilegiar la confrontación política sobre los intereses económicos y estratégicos del país”, afirmó.

Un golpe a la economía venezolana

Más allá del discurso político, la medida tiene un impacto directo en el sector energético. Los acuerdos suscritos entre ambos países en 2015 preveían la explotación conjunta de yacimientos gasíferos, como los campos Dragón y Cocuina, proyectos considerados clave para que Venezuela pudiera monetizar sus reservas de gas por primera vez.

Sin embargo, tras la orden de suspensión, estos desarrollos quedan en el limbo. El economista Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana, sostiene que, aunque el impacto inmediato es bajo, las consecuencias a largo plazo podrían ser severas.

“Estos proyectos eran una oportunidad para diversificar los ingresos y generar divisas. Venezuela depende del petróleo, pero el gas representaba una alternativa estratégica. Con esta decisión, el país renuncia a potenciales ingresos futuros y a la posibilidad de reinsertarse en el mercado energético regional”, explicó.

Trinidad y Tobago, por su parte, también enfrenta riesgos. Su industria gasífera ha sufrido una caída en las reservas y necesita el gas venezolano para mantener su producción. No obstante, el gobierno trinitense ha dejado claro que no cederá ante lo que considera un intento de presión política. “No somos susceptibles a ningún chantaje. Nuestro futuro no depende de Venezuela”, declaró la primera ministra Persad-Bissessar.

Un conflicto con raíces políticas

Analistas coinciden en que la reacción de Caracas busca reafirmar su narrativa de resistencia frente a Washington, aunque ello implique perder aliados en su entorno inmediato. Desde la perspectiva de Miraflores, la cooperación militar entre EE.UU. y el Caribe forma parte de una estrategia de “agresión regional” contra Venezuela y Colombia.

Sin embargo, el resto de los países del Caricom no comparten esa visión. Ninguno ha condenado el operativo antidrogas estadounidense, y la mayoría mantiene una relación estable con Washington. La posición de Trinidad y Tobago, por tanto, responde más a pragmatismo que a hostilidad.

El costo del aislamiento

El cierre temporal de los acuerdos gasíferos revela una vez más los límites de la política exterior venezolana. En un contexto de sanciones, deterioro económico y caída de la producción petrolera, Venezuela necesita diversificar sus fuentes de ingreso y recuperar aliados.

Al suspender un convenio energético mutuamente beneficioso, el gobierno de Maduro demuestra que prefiere el simbolismo político sobre la racionalidad económica. En palabras de Revanales, “Maduro se corta el cuello mientras acusa a otros de atacarlo”.

Mientras tanto, el Caribe observa con cautela cómo el discurso de “dignidad nacional” termina alejando a Venezuela de sus socios naturales. La diplomacia de confrontación, una vez más, cobra un alto precio: el aislamiento.