EDITORIAL
El aumento histórico de la cocaína puso a Colombia en la mira de EE. UU. y desató la descertificación y sanciones diplomáticas.
En 2025, Estados Unidos volvió a poner a Colombia contra la pared por el narcotráfico. Esto ocurrió luego de que, en septiembre, el gobierno del presidente Donald Trump descertificara al país en la lucha contra las drogas por primera vez en casi tres décadas, una decisión sustentada en cifras que mostraban un crecimiento histórico de los cultivos de hoja de coca y de la producción potencial de cocaína durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Casa Blanca fue explícita: el cultivo de coca y la fabricación de cocaína habían alcanzado niveles sin precedentes, mientras el Ejecutivo colombiano redujo de forma significativa las metas de erradicación y no logró frenar la expansión del negocio ilícito. Aunque la descertificación fue parcial y no derivó de inmediato en sanciones económicas, el mensaje político fue contundente y abrió un nuevo capítulo de tensión en la relación bilateral.
“El Gobierno de Colombia deberá tomar medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de este negocio ilícito, incluso mediante una mejor cooperación con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”, señaló Washington como condición para revertir la descertificación.
Y a esta descertificación se sumó una decisión aún más sensible. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton, un mecanismo de sanciones que restringe relaciones financieras y comerciales a personas señaladas por presuntos vínculos con economías ilegales, como el narcotráfico. En la misma medida fueron incluidos su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.
Las cifras en disputa
El eje de la decisión estadounidense fueron los datos correspondientes a 2023 y 2024. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas, Colombia cerró 2023 con 253.000 hectáreas sembradas con coca, un aumento del 10% frente al año anterior. Para 2024, aunque el informe no fue publicado oficialmente por el Gobierno, las estimaciones apuntaron a unas 261.000 hectáreas, el mayor registro desde que existen mediciones sistemáticas.
A esto se sumó el crecimiento de la producción potencial de cocaína, que habría aumentado un 53% y superado las 3.000 toneladas anuales. Para Washington, estas cifras evidenciaron el fracaso de la política antidrogas del Ejecutivo colombiano. En su memorando, la Casa Blanca afirmó que el país “no había cumplido ni siquiera sus propias metas de erradicación” y que sus intentos de diálogo con grupos armados habían terminado agravando la crisis.
El rechazo del Gobierno
El presidente Gustavo Petro rechazó de manera reiterada estas conclusiones. Según el mandatario, el aumento real de los cultivos en 2024 fue de apenas 3%, y una parte significativa de las hectáreas contabilizadas correspondía a zonas abandonadas desde hacía varios años o en proceso de transición hacia economías lícitas.
El jefe de Estado también cuestionó el cálculo de la producción potencial de cocaína, al considerar que generalizaba la productividad de regiones como el Pacífico —donde los rendimientos son más altos— al conjunto del país, lo que, a su juicio, distorsionaba la medición.
Sin embargo, el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 volvió a ubicar a Colombia en el centro del mercado global. Con datos hasta 2023, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que el país concentraba el 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y vinculó el récord de producción global de cocaína con la expansión sostenida del área sembrada en territorio colombiano y la concentración de la actividad en zonas de alto rendimiento.
Desde Estados Unidos, estas cifras pesaron más que el debate metodológico. En ese contexto, la descertificación —aunque condicionada— reabrió el riesgo de recortes en la ayuda económica y militar, mayores obstáculos para acceder a créditos de organismos multilaterales y la posibilidad de sanciones comerciales, un escenario especialmente sensible bajo un gobierno que ha hecho de la presión económica una herramienta central de su política exterior.
Incautaciones y dudas persistentes
El Ejecutivo colombiano respondió destacando el aumento en las incautaciones de cocaína, que en 2024 alcanzaron las 960 toneladas, un 14% más que en 2023. El Gobierno defendió estos resultados como golpes directos a las estructuras del narcotráfico y no a los campesinos cultivadores.
No obstante, expertos y centros de análisis advirtieron que el crecimiento de los decomisos no fue proporcional al aumento de la producción potencial, por lo que su impacto real sobre el mercado ilícito siguió siendo incierto.
Con esto queda en evidencia que, mientras no exista información clara sobre la producción real de cocaína ni sobre el efecto de las incautaciones, las estadísticas seguirán siendo utilizadas como herramienta de presión política y diplomática.
