VenApp, la vigilancia del terror del gobierno de Nicolás Maduro

VenApp nació en 2022 como una plataforma de participación ciudadana destinada a reportar fallas de servicios públicos, pero ahora es una herramienta de vigilancia política.

En Venezuela la vigilancia ya no solo se ejerce desde las instituciones del Estado, sino también desde los teléfonos móviles de sus ciudadanos. La reciente decisión del presidente Nicolás Maduro de activar un nuevo módulo dentro de la aplicación VenApp, bajo el argumento de “defender al país ante amenazas externas”, encendió todas las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y analistas. La medida, que coincide con un clima de tensión militar con Estados Unidos, representa una nueva fase en el control social del chavismo.

VenApp nació en 2022 como una plataforma de participación ciudadana destinada a reportar fallas de servicios públicos. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una herramienta de vigilancia política. Su nuevo módulo, anunciado el 21 de octubre, invita a los venezolanos a reportar “todo lo que vean y oigan” que consideren una amenaza para la paz del país. Entre las categorías disponibles destacan “difusión de información falsa con fines maliciosos”, “presencia de personas sospechosas” o “avistamiento de drones”. A simple vista parecen mecanismos de seguridad nacional, pero en la práctica pueden convertirse en instrumentos de persecución política.

Durante la crisis postelectoral de 2024, ya se había documentado el uso de VenApp y otras plataformas afines, como CC200 y grupos de Telegram administrados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB, para recibir denuncias sobre manifestantes y críticos del régimen. 

Entonces, la llamada ‘Operación Tun Tun’ derivó en detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas de terrorismo e incluso condenas por mensajes privados de WhatsApp. Ahora, con la excusa de una supuesta amenaza de invasión estadounidense, el chavismo reactiva el mismo modelo, pero con un alcance mucho mayor.

Para analistas y defensores de derechos humanos, el nuevo módulo de la App representa la consolidación de una “arquitectura del miedo”. 

El periodista y activista digital Luis Carlos Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en 2019, advierte que el anuncio de Maduro es una confesión de Estado. “Convierte a los ciudadanos en delatores a cielo abierto, empoderando a quienes reparten comida o gas a través de los CLAP para castigar a los disidentes”. 

Según Díaz, este sistema no solo busca identificar opositores, sino romper los lazos de confianza entre vecinos y fomentar un clima de sospecha permanente.

Los efectos de esta política ya se han sentido en las comunidades. Casos recientes como el de Verónica Andreina Rojas Soto, condenada a diez años de prisión por un comentario privado en WhatsApp, o el de Randal Glendysmar Telles Peña, sentenciada a quince años por un video en TikTok atribuido a ella, muestran cómo la frontera entre delito y disidencia se ha disuelto por completo. En ambos casos, las denuncias provinieron de personas cercanas a las víctimas, evidenciando cómo la delación se infiltra hasta los círculos más íntimos.

Maduro justificó la expansión de VenApp como una medida para “garantizar la defensa del país” frente a lo que describe como una amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe. 

Sin embargo, para el politólogo Andrés Eduardo González, director de Politiks, el verdadero propósito es reforzar la vigilancia interna. “Esta aplicación es una herramienta de inteligencia popular que permite al chavismo mantener el control territorial a través de sus redes comunales”, precisó.

En su opinión, el gobierno busca repetir el modelo que utilizó para sofocar las protestas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando la represión digital y física actuaron de manera sincronizada para neutralizar cualquier brote de inconformidad.

Las consecuencias de este esquema van más allá del terreno político. El tejido social venezolano se está desintegrando, advierten los expertos. En comunidades donde antes prevalecía la solidaridad, ahora se impone la desconfianza. Un vecino puede convertirse en delator, no por convicción ideológica, sino por miedo o por obtener beneficios materiales. 

“Si algún día Venezuela vuelve a la democracia, el mayor reto no será solo castigar a los grandes responsables, sino reconstruir la confianza entre las personas”, señaló Díaz. “Habrá barrios donde se recuerde quién le quitó el CLAP o el gas a otro por pensar distinto. Ese será el peor legado del chavismo”, refirió.

La represión también ha dejado víctimas mortales. El caso de Ariadna Pinto, una joven de 20 años que murió poco después de salir de prisión tras ser acusada de terrorismo, refleja la crudeza del sistema. Su “delito” fue participar en protestas y ser denunciada por una jefa de calle, figura clave en la estructura de control comunal del régimen. 

Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el uso de VenApp constituye una forma de terrorismo de Estado. De hecho, tanto Google Play como App Store retiraron la aplicación de sus tiendas en 2024 debido a su uso represivo. Sin embargo, el gobierno la mantiene activa a través de su sitio web, y ahora prepara una nueva versión integrada con las Fuerzas Armadas, las milicias y las llamadas Bases Populares de Defensa Integral.

Esta estrategia de control social podría tener un costo político alto. Mientras el gobierno promueve el espionaje vecinal, la crisis económica sigue profundizándose, el éxodo migratorio no se detiene y las instituciones pierden legitimidad. Pero en un país donde la represión se viste de participación ciudadana, el verdadero peligro no es solo el autoritarismo del Estado, sino la normalización de la delación como parte de la vida cotidiana.